En el día de hoy las patronales de la enseñanza concertada, junto con la mayoría de los sindicatos han firmado la revisión salarial del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, para el año 2002. La Intersindical Galega Ensino y la Confederación de Sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza no lo han firmado.

El motivo fundamental se debe a que una vez más los trabajadores y trabajadoras pierden poder adquisitivo, como viene sucediendo desde hace años. El incremento salarial del 2% ofertado para la mayoría del colectivo, queda muy lejos del 2,7% con lo que acabó la inflación del año 2001; en este momento la pérdida de poder adquisitivo del sector está en un 4’8%. Por otra parte, este convenio no contempla la cláusula de revisión salarial, como sí lo tiene otros convenio de la enseñanza privada, por lo que no es posible recuperar las desviaciones del I.P.C., que es continua en los últimos años.

Estas reivindicaciones, junto con el mantenimiento de los pluses de insularidad para el personal que trabaja en las islas, son reivindicaciones mínimas sin las cuales nuestras organizaciones no pueden dar soporte con su firma a esta revisión salarial del 2002. No obstante valoramos positivamente que la revisión suscrita, contemple una reivindicación antigua de nuestras organizaciones como es la homologación de los niveles docentes no concertados con los de sus compañeros docentes en régimen de concierto.

Xosé Luis Rivera. De la ejecutiva de CIG- Ensino
 Reinaldo Mena.  Del Secretariado de STEs

19-2-02

Primera mesa de negociación de las tablas salariales del IV Convenio

Ayer 12 de febrero tuvo lugar la primera mesa de negociación de las tablas salariales del IV Convenio de Centros Privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en la que se libraron las siguientes propuestas por parte del banco sindical: 2% de aumento en todas las categorias funcionales, homologación de los niveles docentes no concertados, y desde CIG-STEs añadimos la inclusión de la clausula de revisión salarial y recuperación del poder adquisitivo en los últimos años estimado en un 4,8%. Las patronales manifestaron estar de acuerdo con las dos primeras propuestas, aunque congelando el plus de residencia e insularidad en niveles no concertados docentes y el PAS, así como la congelación de la antigüedad en los cargos de director y subdirector en las tablas de Centros Residenciales. 
El próximo martes 19 de enero se reunirá de nuevo la mesa, con la intención de firmar las tablas salariales del 2002 las patronales y algunos sindicatos.

Constitución de la mesa para la revisión salarial del IV convenio de enseñanza concertada.
El día 25 de enero de 2002, se constituyó la mesa para la revisión salarial del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sosteniods total o parcialmente con fondos públicos. La convocatoria responde al hecho de dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 4, referido al ámbito temporal, que recoge el compromiso de negociar la revisión de las Tablas Salariales al comienzo del año 2002. En esta primera reunión no se libraron propuestas por parte de ninguna organización.La próxima sesión se fija para el dia 12 de febrero de 2002.

Modificación de la transitoria tercera del IV convenio de enseñanza concertada sobre la paga de antigüedad.

El pasado 25 de enero de 2002 se constituyó la mesa negociadora del IV Convenio de enseñanza concertada para la adecuación de las obligaciones inherentes a la Administración a las disponibilidades presupuestarias que surgen de la Disposición Transitória del Convenio. Se acordó la inclusión entre el segundo y tercer párrafo de la misma el texto siguiente:

"No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores en las Comunidades y Ciudades Autónomas podrá establecerse un plazo posterior al 31 de diciembre del 2003 para el abono de losderechos previo acuerdo entre las orgasnizaciones empresariales y sindicales que alcancen la mayoría de su representatividad con la correspondiente Administración Educativa. En los Acuerdos podrá hacerse coincidir el devengo de los derechos con los calendarios de abono que se pacten. En todo caso, dichos Acuerdos deberán ser enviados a la Comisión Paritaria del Convenio para que ésta proceda a depositarlos ante el organismo competente y su posterior publicación en el B.O.E."

La firma de esta modificación se producirá hoy 29 de enero y están dispuestas a hacerlo las organizaciones empresariales EyG y APSEC, (CECE debe consultar con su ejecutiva y en este momento no se sabe su intención), y los sindicatos FSIE, USO y CC.OO. (FETE-UGT debe consultar con su ejecutiva).

Desde CIG entendemos que el redactado es lo suficientemente genérico como para dejar abierta la negociación autonómica y respeta la representatividad en las mismas, no obstante, recordemos que la pérdida del premio de jubilación y su transformación en la paga de antigüedad es una de las causas por la que no se firmó el Convenio. Además exigimos a la mesa de negociación que se adecuen los artículos 18, 40-2 y 45-1 denunciados en recurso y anulados por sentencia de la Audicencia Nacional.

Respuesta de los STEs a las mal llamadas "puntualizaciones de Educación y Gestión "

En respuesta a la carta publicada en su periódico el pasado 4 de octubre, bajo el epígrafe Puntualizaciones de Educación y Gestión, desde la Confederación de STEs queremos manifestar lo siguiente: lo primero que nos sorprende de esta Patronal es que dice ser mayoritaria en la Enseñanza Concertada, sin que nunca lo haya podido demostrar, y de ahí sus enfrentamientos constantes sobre el tema, con la otra patronal CECE. Llama la atención el que en lugar de justificar el por qué se introdujo en el 4º Convenio tres artículos nocivos para las trabajadoras y trabajadores del sector, y que la Audiencia Nacional, sala de lo social ha anulado, -sin que posteriormente se haya recurrido-, empleen toda su energía en desacreditar a dos organizaciones sindicales que se han limitado a cumplir con su obligación y denunciar el atropello que ciertas patronales en connivencia con parte del banco sindical habían cometido en él Convenio vigente.

Se nos acusa de poca representatividad, cuestión que ni es cierta ni impide que defendamos con todas nuestras fuerzas a los trabajadores, objetivo de cualquier organización de clase. Está claro que en esta organización patronal no sólo se conforman con alimentar a sus sindicatos afines, que en vez de defender a los trabajadores, a quienes dicen representar, son su voz en ciertos foros, sino que quieren callar y desacreditar a cualquier organización que vele ante todo por su cometido esencial : la defensa de los trabajadores. Para ello no sólo mandatan a sus empresarios a que nos cierren las puertas de sus centros y podamos cumplir nuestra labor informativa. con lo cual impiden que podamos aumentar nuestra representatividad y así incrementar nuestra fuerza, sino que cada vez que pueden nos censuran.

Sin querer entrar de lleno en el contenido de su carta, donde se vierten una serie de falsedades y críticas hasta a leyes orgánicas como la LOLS, en la forma y el fondo se delata la indignación de esta patronal, Educación y Gestión, porque haya sindicatos que no sólo no se achantan a sus exigencias, sino que con sus escasos recursos materiales, son capaces de hacer cumplir los derechos que recoge nuestra Constitución y las leyes que las desarrollan, evitando atropellos que la patronal E y G, que representa sobre todo a los centros religiosos, introdujo en el Convenio. Eso sí, con ayuda de sus sindicatos afines y la connivencia de otros llamados de clase, que no lo denunciaron Pero lo importante es que se hemos conseguido que legalmente sean eliminados esos artículos.

Madrid 7 de noviembre de 2001

LA AUDIENCIA NACIONAL, SALA DE LO SOCIAL, ha estimado íntegramente la demanda presentada por CIG (Confederacioón Intersindical Galega-Ensino) y el STEPV-Iv (miembro de la Confederación de STEs), contra Educación y Gestión (EG), CECE, Asc. Prof. Serveis Educatius de Catalunya, FSIE, F.E. USO, CCOO, FETE UGT y Ministerio Fiscal, sobre la impugnación de los artículos 18, 40. 2º, y 45. 1º, del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada, sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos y publicado en el BOE de 17 de Octubre de 2000, por conculcar la legalidad vigente contenida en normas de "Derecho Necesario" (sentencia 00044/2001). El STEPV, a lo largo del proceso de negociación, criticamos duramente el contenido del convenio, que sólo fue suscrito por los sindicatos FSIE y USO, e impugnamos legalmente estos artículos.

El artículo 18 del Convenio Colectivo establece la posibilidad de formalizar contratos para obra o servicio determinados para la realización de tareas docentes que deja vacantes momentáneamente un profesor con derecho a reserva de puesto de trabajo. Este artículo tergiversa claramente la norma legal aplicable, constituyendo un caso manifiesto de "fraude de ley", con utilización de una fórmula aparentemente legal para conducir a la conculcación del ordenamiento jurídico en su conjunto (artº 6.4 del Código Civil). El Convenio penetra en terreno vedado en el artº 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, y como dice la sentencia, "si la ley prohibe, el fraude de ley no es la solución".

El artículo 40 del Convenio Colectivo, en su apartado 2º, impone a los trabajadores una limitación a su derecho de permiso especial, al solicitar una reducción de jornada para el cuidado de menores o familiares inválidos, cuando dice que su incorporación del permiso deberá coincidir con el comienzo del curso escolar (en aras, se dice, a una mejor organización del centro).

El artículo 45 del Convenio Colectivo, apartado 1º, presenta la misma deficiencia que el anterior, en la excedencia especial para atender al cuidado de un familiar, donde se exige que "...en caso de personal docente, en aras a una mejor organización del centro y salvo que las condiciones para su concesión hayan cambiado sustancialmente, la finalización de la excedencia coincidirá con el comienzo del curso escolar".

Para ambos casos son válidos los mismos argumentos, dado que la Ley 39/99 de Conciliación de la vida familiar y laboral, modificó el artº 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. Así, la satisfacción de esta necesidad depende de cada caso concreto, y no puede determinarse por genéricas previsiones rígidas como la fecha de comienzo de curso escolar, por lo que deja claro, que es la Ley la que puede determinar la organización de los centros y no al revés, como pretenden las patronales.

En definitiva, estos artículos resultan contrarios a normas legales "de Derecho Necesario" y la sentencia obliga a aceptar, en consecuencia, que su eficacia erga omnes resulta completamente nula (art. 164.2 de la Ley de Procedimiento Laboral), todo ello sin perjuicio de las "facultades de renegociación que les competen y deseen asumir las partes negociadoras". Hasta que no se den esas circunstancias, los artículos son inaplicables y la sentencia condena a los demandados a "estar y pasar por ello".

Una vez más, el STEPV-Iv que está continuamente acusado de defender exclusivamente la enseñanza pública, ha restablecido los derechos de las trabajadoras y trabajadores conculcados por las organizaciones firmantes del IV Convenio, las patronales y los sindicatos FSIE y USO. Esto es debido a que aquellos sindicatos que dicen defender la enseñanza privada, no saben diferenciar, como sindicatos, los intereses más próximos a las patronales, de los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

València a 17 de septiembre de 2001.

LA AUDIENCIA ESTIMA LAS DEMANDAS DE CIG Y STEs EN EL CONVENIO DE CONCERTADA

LA AUDIENCIA NACIONAL, SALA DE LO SOCIAL ha estimado íntegramente la demanda de la CIG (Confederación Intersindical Galega-Ensino ) y los STEs (Sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza) contra varios artículos del IV Convenio de la Enseñanza Concertada, al considerar nulos por contrarios a la ley el artículo 18, la última oración del párrafo 2º del art. 40, relativo a la exigencia de que la finalización del permiso por cuidado de menores coincida con el comienzo del curso escolar y la 3ª oración del art. 45-1ª, relativa a la exigencia de que la finalización de la excedencia especial coincida con el comienzo del curso escolar, condenando a los demandados a estar y pasar por ello . Estos artículos, considerados muy regresivos para los trabajadores y trabajadoras del sector de la enseñanza Concertada, los más numerosos en Privada, suponían un atentado a sus derechos recogidos básicamente en el Estatuto de los Trabajadores y otras normas, como la ley de Conciliación de la vida Familiar y Social, que no restringe para nada sus derechos, lo que sí hacían estos arts. del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza, sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos.

A lo largo de la negociación colectiva de este convenio, nuestras organizaciones lucharon por evitar que las Patronales y ciertos sindicatos afines, introdujeran elementos negativos para este colectivo. Como no se nos atendió en nuestras peticiones, encaminadas básicamente a mejorar el III Convenio, que no habíamos podido firmar y sí se iban introduciendo aspectos de dudosa legalidad, nos vimos en la obligación moral de impugnar dicho Convenio. Si bien antes intentamos evitarlo, sin éxito, al afirmar que en caso de que las patronales y alguno de los sindicatos, llegaran a un acuerdo sin tener en cuenta las denuncias que en todas las reuniones negociadoras que tratábamos estos temas habíamos hecho, lo tendríamos que llevar a cabo.

Esperamos que esta sentencia, sirva para que las patronales de la enseñanza privada vuelvan a la cordura y no obliguen a ciertos sindicatos, que dicen defender a los trabajadores de este colectivo, a firmar cualquier cosa.

Madrid 11 de septiembre del 2001

En el día de ayer se celebró el acto de conciliación, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Dirección General de Trabajo, por el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs), sobre la interpretación normativa referida al contenido de los artículos: 18 (Obra o Servicio), que hay sentencias en contra de su aplicación en enseñanza. Y los artículos 40, párrafo 2º y 45.1º, que supone restringir la ley de Conciliación Familiar, por las limitaciones en su aplicación, del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos. Dicha reunión a la que asistieron las partes firmantes (E y G y CECE, por el banco económico y USO y FSIE por el social). Sólo faltó la patronal catalana (ASPEC) que también lo había suscrito y el sindicato CCOO, como parte negociadora. La reunión concluyó sin avenencia, como era de esperar. Ambas partes mantuvieron sus posiciones.

A lo largo del proceso, UGT, que participó en la negociación colectiva, y por lo tanto, también demandada, se adherió a la impugnación interpuesta por CIG y lo STEs, el 30 de enero del 2001. Por lo que seremos más las voces, para defender a los trabajadores

Tras este proceso obligatorio de intento de conciliación. La Dirección de trabajo, trasladará el Conflicto a la Audiencia Nacional, donde se celebrará la vista, en plazo aproximado de unos 40 días. Esperamos que la justicia haga entrar en razón a las partes firmantes del Convenio y los trabajadores y trabajadoras se puedan beneficiar de una sentencia, que estamos convencidos que debemos ganar y así poder eliminar los aspectos más restrictivos del Convenio. Lo que sería un logro muy importante para el sector, al mismo tiempo que se crearía un precedente positivo para otros convenios.

En Madrid a 20 de febrero del 2001.

La CIG y los STEs impugnan el IV convenio colectivo de enseñanza privada concertada

El "IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos" sólo fue suscrito por los sindicatos FSIE y USO, la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES) a lo largo del proceso de negociación criticamos duramente el contenido de este IV convenio al considerar que:

• La diferente interpretación que, desde las patronales del sector y los sindicatos de clase, se tiene del punto 7 del artículo 27 de la Constitución, que se materializa en el artículo 9 del IV Convenio Colectivo. Según el citado punto de la Constitución, en todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos han de poder intervenir los sectores de la comunidad educativa en su gestión y control, cuestión esta que como bien conoce los trabajadores y trabajadoras no se da en ninguna parte cuando nos referimos a los centros y a los empresarios de la privada concertada.
• En el artículo 9, donde se dice que la disciplina y organización del trabajo es facultad específica del empresario y elimina toda referencia a la normativa básica educativa (LOGSE, LOPEGCE) dejando las relaciones estrictamente circunscritas al Estatuto de los Trabajadores (ET). Aunque las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras tienen como marco el ET en los centros de enseñanza el profesorado tiene solapadas funciones laborales y profesionales que están regidas por las leyes educativas y que los centros sostenidos con fondos públicos deberían respetar.

A la vista de la referido anteriormente y al considerar que en este Convenio se producen importantes vulneraciones legales, la CIG, como parte de la negociación del IV convenio y como organización que ostenta la condición de "sindicato más representativo", conjuntamente con la Confederación de STES hemos decidido impugnar legalmente el IV CONVENIO COLECTIVO de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos, en particular de los artículos 18, 40.2 y 45.1 del Convenio Colectivo, por conculcar la legalidad vigente contenida en normas de "Derecho Necesario", las razones jurídicas en las que se basa esta impugnación, son:

I) El artículo 18 del Convenio (Contrato para obra o servicio determinados) establece la posibilidad de formalizar contratos para obra o servicio determinados para la realización de tareas docentes que deja vacantes momentáneamente un profesor con derecho a reserva de puesto de trabajo.

Este artículo tergiversa claramente la norma legal aplicable, constituyendo un caso manifiesto de "fraude de ley", con utilización de una fórmula aparentemente legal para conducir a la conculcación del ordenamiento jurídico en su conjunto (art. 6.4 del Código Civil). El Convenio penetra en terreno vedado en el art. 85.1 del Estatuto de los Trabajadores.

II) El artículo 40 del Convenio (Cuidado de menores o familiares que no puedan valerse por sí mismos) en su apartado 2º impone a los trabajadores una determinada conducta, en limitación de su soberano albedrío, cuando hayan solicitado una reducción de jornada en razón del Cuidado de menores o familiares inválidos. Consiste esta limitación en que la finalización o clausura del arco temporal incurso en el que denomina equívocamente "Permiso" [siendo, como lo es, una "potestad" o "facultad" irrestricta] deberá coincidir con el comienzo del curso escolar [en aras, se dice, a una mejor organización del centro].

Es obvio que aquí nos hallamos ante una grave cortapisa al derecho legal, ya que si al derecho legal en principio irrestricto se le impone una duración tasada externa a la causa originaria, sino por contra vinculada a los intereses del Centro, es obvio que se incidirá en una severa desmotivación del aprecio de la institución y de la frecuencia de su utilización. Y sin embargo, la Ley aplicable -que es anterior a la formalización del acuerdo de Convenio, cerrado el día 18 de septiembre de 2000- no tolera esta desmotivación o desincentivación por vía de restricción.

III) El artículo 45.1 del Convenio, presenta la misma deficiencia denunciada respecto del art. 40.2. En la excedencia especial, para atender al cuidado de un familiar, se exige que "...en caso de personal docente, en aras a una mejor organización del centro y salvo que las condiciones para su concesión hayan cambiado sustancialmente, la finalización de la excedencia coincidirá con el comienzo del curso escolar"

Son de invocar los mismos argumentos que en el supuesto precedente, dado que la Ley 39/99, de Conciliación de la vida familiar y laboral, que modificó el ar. 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, resultan contrarias a normas legales "de Derecho Necesario" los contenidos de los artículos 18, 40.2 y 45.1 del Convenio, y a aceptar en consecuencia que su eficacia "erga omnes" resulta completamente nula, todo ello sin perjuicio de las facultades de renegociación que les competen y deseen asumir las partes negociadoras.

El próximo 19 de febrero de 2001 se celebrará el preceptivo acto de conciliación en Madrid, las organizaciones CIG y Confederación de STES esperamos que las partes llamadas a conciliación acepten nuestra argumentación y se modifique sustancialmente el contenido de este IV convenio, alcanzando realmente una mejora substancial de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada.

En Madrid a 14 de Febrero de 2001

Bráulio Amaro Caamaño Secretario Nacional da CIG-Ensino 
Augusto Serrano Olmedode la Confederación de STEs

La Confederación de STEs y CIG (Confederación Intersindical Galega), de acuerdo con lo manifestado por las asambleas de trabajadores y trabajadoras del sector, no firman el IV Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, y que si ha sido firmado hoy, 18 de septiembre, por las organizaciones empresariales Educación y Gestión y CECE y los sindicatos FSIE y USO.

La razón fundamental por la que no suscribimos el Convenio es la diferente interpretación que, desde las patronales del sector y el sindicato, tenemos del punto 7 del artículo 27 de la Constitución y que se materializa en el artículo 9 del Convenio Colectivo. Según el citado punto de la Constitución, en todos los centros sotenidos por la Administración con fondos públicos (entra el concepto de centro que no es público y que recibe fondos públicos) han de poder intervenir los sectores de la comunidad educativa en su gestión y control. En el artículo 9, donde dice que la disciplina y organización del trabajo es facultad específica del empresario, el IV Convenio Colectivo, elimina toda referencia a la normatíva básica educactiva (LOGSE, LOPEGCE) dejando las relaciones estrictamente circunscritas al Estatuto de los Trabajadores. Aunque las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras tienen como marco el E.T. en los centros de enseñanza los profesores y profesoras tienen solapadas funciones laborales y profesionales que vienen regidas por las leyes educativas y que los centros sostenidos con fondos públicos deben respetar.

Existen otras razones que se suman: a) que las modificaciones que aparecen como mejoras, son simplemente adaptaciones a las nuevas normativas legales (ley de conciliación laboral y familiar, ley de prevención y riesgos laborales), o referencia a condiciones ya implantadas y conseguidas por negociaciones autonómicas, o por ser normativa obsoleta, y b) por las modificaciones de parte del articulado, que endurecen más las condiciones laborales, bajo la apariencia del derecho a la autonomía de los centros.

Lamentamos la falta de avance en lo que nosotros entendemos fundamental en las relaciones profesionales en los centros, y que se debe traducir en una mayor participación democrática en los mismos, de los colectivos que están directamente relacionados en su funcionamiento (Consejo escolar y claustro). Además de no encontrar mejoras sustanciales en su articulado, destacamos la falta de reconocimiento de aquellas que si se han conseguido en negociaciones producidas en otros ámbitos autonómicos, hasta el punto de necesitar que se habran negociaciones de convenios autonómicos propios en las diferentes Comunidades Autónomas.

Confederación de STEs y CIG.