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La Confederación STEs-I entiende el Pacto por la
Educación como el compromiso de toda la sociedad por la enseñanza
pública, columna vertebral del sistema educativo.
VALORACIÓN DE LAS
PROPUESTAS DEL MINISTERIO (16/02/10) La
Confederación STEs-I entiende el Pacto por la Educación como el
compromiso de toda la sociedad por la enseñanza pública, columna
vertebral del sistema educativo.
En un pacto social se deben priorizar las necesidades de los sectores
más desfavorecidos corrigiendo, allá donde se han dado, las políticas
privatizadoras que en los últimos años han sometido la enseñanza
pública a la condición de subsidiaria respecto a la privada
concertada. Por esto, STEs-I ha comunicado al Ministerio que comparte
una parte de sus propuestas, pero disiente de algunos de sus
planteamientos y detecta carencias importantes.
No podemos compartir la consideración de la educación como un “bien
público” que se presta a la mercantilización. La Escuela Pública
actual acoge, casi exclusivamente, un conjunto de condiciones y
programas de gran trascendencia social. Unificar la oferta educativa
en una sola red, como entiende el Ministerio, sometiéndola a la ley de
la oferta y la demanda en aras de la “libertad de elección de centro”,
supondría que el acceso de la población a estos programas
retrocedería. La educación de calidad es incompatible con las
políticas de privatización, implica equidad y precisa de inversiones
en la enseñanza pública y la paralización de la política de conciertos
educativos con empresas privadas.
La Administración debería impulsar la innovación de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje para una verdadera transformación de los centros
que nos sitúe en el siglo XXI, atendiendo al alumnado que en este
tiempo ha de asumir sus responsabilidades ciudadanas. Lo que hay que
cambiar en los centros no se reduce a introducir las TIC, hay que
enfocar con más amplitud de miras hacia la organización, los tiempos,
la flexibilidad del currículum y los métodos de enseñar y aprender. En
este sentido, STEs-I ha propuesto al Ministerio un conjunto de medidas
orientadas a la revisión a fondo de la organización y el
funcionamiento de los centros.
Entre las medidas dedicadas a la etapa de Educación Infantil no existe
ni una sola sobre la creación de una red pública de escuelas
infantiles. STEs-I reclama su creación y una mejora en las ratios
profesor alumno por grupo y en la dotación de personal y recursos
materiales.
Respecto a la Educación Primaria, la propuesta del Ministerio omite
cualquier medida específica. Consideramos incomprensible este olvido.
La Educación Primaria es una unidad temporal decisiva para el éxito
escolar en el proceso de aprendizaje del alumnado y para combatir el
fracaso escolar, sin desvirtuar su coherencia dentro de la enseñanza
obligatoria, junto a la Educación Secundaria.
STEs-I no comparte la propuesta de la nueva organización del cuarto
curso de ESO en los términos en que está expresada. No podemos
renunciar a una enseñanza común y de calidad para todo el alumnado
hasta los 16 años En todo caso, deberían especificarse las nuevas
asignaturas que compondrían las opciones diferenciadas, evitándose la
percepción de una sobrevaloración de unos estudios sobre otros.
Separar una formación más académica de otra más práctica o profesional
es una regresión que no se adecua a una educación integral ni tampoco
a las necesidades del mercado laboral.
Las propuestas del Ministerio dirigidas al profesorado son pocas,
quizá porque lo fía casi todo a un posible acuerdo en el marco del
Estatuto Básico de la Función Pública Docente, donde, además, se
defina un modelo de carrera profesional. Aunque el Gobierno no ha
actualizado su propuesta de Estatuto, sí reitera una manera de
entender la docencia sobre la cual STEs-I mantiene una total
discrepancia. Nos referimos a la carrera docente como “un sistema de
incentivos económicos y de promoción profesional ligados a la mejora
de la práctica docente”. Vaya por delante el compromiso de STEs-I con
la mejora de la práctica docente, compromiso que entiende como
ineludible para todo el profesorado. En consecuencia, las
administraciones también quedan obligadas a proporcionar al
profesorado los medios para que esto sea posible. No se puede admitir,
como sugiere el Ministerio, que una parte del profesorado pueda quedar
al margen del proyecto educativo y de los planes de mejora de su
centro y, por tanto, desprovisto de los incentivos económicos y de
promoción profesional que se establezcan para el caso que decida
adoptar otra actitud. Por tanto, a igual trabajo y nivel de
responsabilidad, igual salario.
La incorporación de las TIC al aula lleva consigo un cambio de
metodología y de organización escolar de gran alcance. Nos hace más
dependientes tecnológicamente hablando y refuerza la dependencia del
profesorado de las editoriales, ahora productoras de tecnología. Las
editoriales no deben ser las “proveedoras de contenidos”, como afirma
el Ministerio, porque son empresas cuya razón de ser es el lucro y
cuya relación con grandes grupos de comunicación nos asegura que
trabajan por intereses propios. Para determinar los contenidos deben
funcionar las estructuras políticas y sociales democráticas mediante
las que se expresa la voluntad de la ciudadanía. Y debe funcionar el
saber del profesorado al servicio de ese misma ciudadanía. Esto
requiere un reforzamiento del espacio público. No se trata solamente
de tener un Plan para la financiación de la compra de ordenadores y la
formación del profesorado. El Plan debe ser mucho más global. Debe
incluir, por ejemplo, la potenciación de centros de producción de
materiales gratuitos y cooperativos de calidad.
En lo tocante al aprendizaje de las lenguas, cabe decir que el
Gobierno también se halla comprometido con la política educativa y
lingüística del Consejo de Europa para desarrollar políticas dirigidas
a la protección, conocimiento y uso social de todas las lenguas
habladas en el Estado español. Debe, por tanto, asegurar que, con la
aplicación de los llamados programas plurilingües no se conculcan las
recomendaciones europeas y que, además, se cumple con las
disposiciones legales de las leyes orgánicas que aseguran para las
lenguas propias de las CC.AA. el mismo estatus que para el castellano.
Con estas valoraciones, junto a sus anteriores aportaciones, STEs-I
demanda al Ministerio que, como responsable de la Educación Pública,
la haga visible a través de sus propuestas y se comprometa seriamente
en su mejora, sin acceder a los retrocesos que se le requieren por los
sectores más conservadores. Madrid, 16
de febrero de 2010 |
El Pacte per l'Educació, pas a pas
