El
Ministerio de Educación ha planteado 15 puntos sobre los que quiere basar
su reforma de la Ley de Calidad. El Ejecutivo quiere consensuar la nueva
norma que prepara, pero son muchos los puntos de fricción. Desde cómo
hacer frente a la diversidad del alumnado en las aulas; al reparto de
estudiantes con necesidades educativas especiales; la existencia de la
asignatura de religión y su alternativa, o a cómo debe organizarse el
acceso a la Universidad.
El
curso está cargado de incertidumbres. Sindicatos, patronales y padres de
alumnos tienen también su punto de vista de qué debe recoger la nueva
ley que se apruebe. Aún así, todos, sin excepción, piden un pacto de
Estado por la Educación, un acuerdo de mínimos que evite que la educación
esté sujeta a vaivenes políticos según el partido que esté en el
Gobierno.
A
continuación se recoge la opinión de la Federación de Enseñanza de
CCOO y UGT, el sindicato STES, la Federación Española de Religiosos de
la Enseñanza-Centros Católicos (FERE-Ceca), la patronal de los colegios
privados ACADE, y las asociaciones de padres de alumnos, la laica Ceapa y
la católica Concapa.
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Atención a la diversidad. A cambio de los itinerarios, recogidos en la
Ley de Calidad, que distribuía a los alumnos a partir de 3º de la ESO,
las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT y STES apuestan por la
aplicación escalonada y desde infantil de clases de desdobles y refuerzos
en asignaturas como matemáticas, lengua e idiomas. Otros, como la Ceapa,
creen que la escuela debería plantear un itinerario personal para cada
alumno mediante un currículo flexible.
UGT
plantea, además, la existencia de un tronco común de asignaturas para
todos unido a una fuerte diversificación curricular, con un gran peso en
las materias tecnológicas.
Por
su parte, la Concapa sigue creyendo en los itinerarios como "forma más
racional" de dirigir a los alumnos hacia aquellas materias en las que
son más competentes. También FERE-Ceca cree que éstos son una buena
medida, pero piensa que deberían ser "más flexibles y con mayor
libertad para su elección" por parte de los alumnos. Esta federación
señala que "la optatividad de la LOGSE era demasiado abierta y poco
definida, y al final esas materias acababan convirtiéndose en marías".
ACADE añade que lo más conveniente sería otorgar más autonomía a los
centros para que éstos pudieran organizar y flexibilizar el currículo y
dar así respuesta a las necesidades de cada alumno.
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Distribución de alumnos. El hecho de que la escuela pública acoja a más
del 80% de los inmigrantes hace que la Federación de Enseñanza de UGT
solicite una planificación común del mapa escolar, "para evitar la
aparición de centros de primera y de segunda". Quiere que se pongan
en marcha mecanismos que permitan procesos comunes de escolarización y
distribución racional de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Y que haya una ventanilla única para mantener el equilibrio
de todos los centros sostenidos con fondos públicos. También Federación
de Enseñanza de CCOO solicita mayor equilibrio en la distribución de
estos alumnos, formación para el profesorado y dotación de recursos económicos
y humanos.
Tanto
la Ceapa como STES son partidarios de que los alumnos inmigrantes estudien
en los centros escolares cercanos a su barrio y no se les traslade a otros
colegios alejados de su zona. Piden, a cambio, que esos centros que acogen
a un gran porcentaje de alumnos extranjeros estén dotados de suficientes
recursos para atenderlos.
Por
su parte, la FERE-Ceca señala que sus centros (unos 2.000 y todos ellos
concertados) "están dispuestos" a recibir a todos los alumnos
inmigrantes que haga falta. Pero precisa que la demanda de escolarización
en sus centros duplica casi las plazas existentes, por lo que apenas
quedan vacantes.
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Financiación. La Federación de Enseñanza de UGT pide un reparto ecuánime
de los medios en función de sus necesidades reales. También reclama para
los alumnos con menos recursos, una adecuada política de becas y la
gratuidad de los libros de texto. Al igual que la Federación de Enseñanza
de CCOO, este sindicato pide incrementar la inversión pública en educación
para alcanzar la media de la UE, lo que supondría el 6% del PIB.
Actualmente se sitúa en el 4,5%. Tanto CCOO como UGT y STES van a pedir
al Gobierno una memoria económica anexa a todas las modificaciones que se
planteen. La FERE-Ceca solicita más financiación para sus centros ya
que, según ellos, un alumno matriculado en un colegio concertado de la
Comunidad de Madrid cuesta un 60% menos al Estado que uno que lo está en
uno público. Y ACADE demanda que se financie directamente a las familias,
bien por desgravación fiscal de los gastos educativos, bien por fórmulas
como bonos escolares para que "todas, independientemente de sus
ingresos, puedan escoger libremente el centro".
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Acceso a la Universidad. Tanto la Federación de Enseñanza UGT como ACADE
apoyan la existencia de una sola prueba de acceso y que determinadas
asignaturas tengan más peso que otras en función de la carrera que se
vaya a estudiar. La Ceapa pide que la prueba de selectividad sea "más
realista" y "más acorde" con lo que se les va a pedir a
los jóvenes en la Universidad. Cree que la nota de bachillerato debería
contar un 40% en la media, para evitar que algunos centros concertados y
privados puedan inflar la nota de sus alumnos y salgan más beneficiados
que los de los institutos. STES va todavía más allá y pide que no
exista prueba ninguna. Que cada alumno pueda matricularse en la carrera
que quiera y que la criba se haga en el primer año.
La
Concapa apoya el sistema que planteaba la Ley de Calidad de una prueba a
final de bachillerato que homologue los estudios de esta etapa con los de
otros países extranjeros. Cree que esta prueba sería suficiente para
acceder a la Universidad, pues una duplicidad de exámenes "no tendría
sentido". También FERE-Ceca pide que haya una prueba al final de
bachillerato para que se pueda homologar estos estudios en el extranjero.