EL PAÍS

28-03-2005

El pacto social se queda sin una pata

 Los institutos que implanten proyectos de refuerzo recibirán 120.000 euros

Ni confesionalismo ni laicismo

Los profesores de secundaria rechazan el cuerpo de catedráticos

Al nacimiento del acuerdo social educativo a principios de año asistieron dos de los grandes sindicatos, CC OO y UGT, las dos confederaciones de padres de alumnos (los laicos de Ceapa y los católicos de Concapa), los titulares de centros religiosos (FERE) y dos personalidades de reconocido prestigio en la educación, Agustín Dosil y Manuel de Puelles. Este embrión de acuerdo ha sido muy frágil, unos y otros han amenazado con abandonar el barco en alguna ocasión. Pero han sido los padres los que, por último, han dado el portazo, si bien manifiestan su voluntad de seguir intentándolo. Hoy mismo volverán a reunirse para ello.

Las posiciones de la Confederación laica de padres, Ceapa, y de la católica Concapa parecen irreconciliables. A pesar de los acercamientos que ha habido en este tiempo sobre la admisión del alumnado en los centros y de haber dejado fuera del debate la religión, o precisamente por ambas cosas, los padres no acaban de estar satisfechos. Los laicos no renuncian a su defensa prioritaria de la escuela pública y exigen "garantías" de que lo escrito en el pacto se cumplirá; los católicos esgrimen su derecho a disfrutar en las mismas condiciones de la enseñanza que les gusta, concertada y religiosa. En ambas organizaciones tienen voluntad de seguir, pero piden tiempo. Lo que cada vez es menos posible es que se alcance un acuerdo antes de que el Gobierno presente la nueva ley de educación no universitaria.

Así las cosas, recientemente se decidió abrir al resto de las organizaciones el acuerdo para que aportaran sus puntos de vista. Se han sumado los estudiantes de la asociación ACADE y los sindicatos ANPE, CSI y FSIE, por ejemplo. No están plenamente de acuerdo con el texto pero renuncian a determinadas exigencias para seguir adelante. "Sin los padres no tiene mucho sentido, se queda cojo", dicen todos. Pero tanto Ricardo Santos, de CSIF, como José Luis Fernández, de USO, manifestaron su intención de tirar del carro mediante una especie de "declaración de intenciones conjunta".

Otras organizaciones han decidido abiertamente no apuntarse al club. El Sindicato de Estudiantes porque no cree que los socios católicos "aporten nada"; en el sindicato STES siguen disgustados con la forma, y el fondo tampoco lo ven claro; para la patronal de centros CECE el acuerdo recoge "lo obvio pero no las diferencias" y no podrá influir en la ley educativa: "Algunos han sido ingenuos si lo pensaban así. Concapa ha sabido rectificar a tiempo", explicó la presidenta de CECE, Isabel Bazo. Está segura de que la batalla educativa se librará sólo en el terreno político.

La pretensión, sin embargo, siempre ha sido ofrecer a los grupos políticos un pacto educativo social que no pudieran rechazar. Exigirles, todos a una, que garanticen la estabilidad del sistema educativo y lo mantengan alejado de avatares ideológicos, una reivindicación, esta sí, en la que todos opinan idéntico.

Los dos grandes sindicatos de clase, CC OO y UGT, no descartan otros acuerdos, pero cojearían de la misma pata: faltarían los padres. Una vía puede ser la sindical, donde estarían prácticamente todas las centrales educativas. Y otra, plantear un gran pacto entre los grandes sindicatos y la patronal CEOE. Sería, reconocen, más parche que solución. "Tiene que hacernos reflexionar la radicalidad de las dos organizaciones de padres de alumnos", dice el responsable de Educación de UGT, Carlos López. José Campos, de Comisiones, se muestra optimista y opina que el texto del acuerdo "ya incide en el anteproyecto de ley educativa y obligará a que se pongan de acuerdo Gobierno y oposición".

El Ministerio de Educación ya tiene elaborado el plan de apoyo a los centros que plantean dificultades especiales por su ubicación o alumnado. Este plan para zonas de atención educativa preferente prevé un gasto de 120.000 euros por curso para los "centros públicos de educación secundaria" que se sumen al proyecto. El ministerio y las comunidades cofinanciarían esa cantidad a partes iguales. El centro que ponga en marcha alguno de los modelos para conseguir mejores resultados entre su alumnado contará con "un profesor con horario completo". Además de un profesor "con horario completo" para "reforzar las materias instrumentales", los centros percibirán un incremento para los gastos de funcionamiento habituales, incluidas posibles inversiones para mejorar las condiciones del instituto, se detalla en el borrador ministerial. Los institutos que participen deberán modificar las "estrategias de atención a la diversidad", mejorar la relación "horizontal" entre el profesorado y poner en marcha nuevos modelos de relación con las familias, añade el texto.

El proyecto redactado por el ministerio presenta varios modelos de intervención escolar a los que podrán acogerse los centros. Hay programas de convivencia, de bibliotecas escolares, de relación con las familias, de mediadores socioeducativos o para paliar el absentismo escolar, aunque no detallan el modo de intervenir para lograr los objetivos que se proponen. Tampoco se explica en este borrador cómo se contratarán los monitores que ayudarán a los chavales en sus tareas escolares, algo que, por ahora, no pueden hacer los centros públicos.

Acompañamiento escolar

También han redactado el programa de acompañamiento escolar para primaria, por el que profesores y estudiantes de cursos superiores o universitarios ayudarán a los más pequeños en las tareas escolares, hábitos de estudio, refuerzo de asignaturas, lectura, resolución de conflictos, integración en el centro y les facilitarán el tránsito entre la primaria y la secundaria. En algún caso estas medidas podrían continuar durante el verano, si se trata de estudiantes colaboradores.

Para este programa se prevé destinar 3.800 euros por trimestre cuando sean estudiantes los que apoyen a los escolares y 5.400 si se implanta el modelo en el que el profesor desarrolla tareas de refuerzo con los alumnos.

En ambos programas se exige el compromiso de las familias para colaborar con el buen desarrollo de estas medidas, e incluso se habla de contratar mediadores entre las familias y los institutos que faciliten la relación de ambos cuando existan obstáculos añadidos como idiomas o culturas distintos. También se pide que el centro se comprometa a mantener estos programas entre tres y cuatro cursos con el objetivo de completarlos y poder evaluar sus resultados.

Los equipos directivos serán los responsables últimos de la buena marcha de estos programas, que, según informó el ministerio recientemente, alcanzarían a unos 600 centros de primaria y secundaria. Pero se nombrará un "profesor responsable del programa que colabore en la organización, seguimiento y evaluación del plan".

Algunas de estas medidas entrarán en vigor a principios de abril, según el texto del ministerio, que se habrá encargado de la formación de los monitores. El programa destinado a secundaria tiene previsto iniciarse en septiembre de este año.

Suele decirse que las soluciones de ayer son los problemas de hoy. Es el caso de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que sin duda ayudó a cerrar la fisura entre las dos Españas al aceptar la presencia de la Iglesia católica en la enseñanza y asignarle una generosa financiación con la contrapartida de cierto control y participación sociales. Es probable que ni la situación del sistema educativo, ni los resquemores recíprocos ni la correlación de fuerzas permitieran entonces otra opción. Hoy, sin embargo, es un obstáculo para que la educación obligatoria sea un factor de cohesión social, (re)construcción nacional y (re)creación de la ciudadanía, incluso sin entrar en el solapamiento más que notable de la confesionalidad escolar con la clase social, que ha sido una constante de la historia de la educación en España durante todo el siglo XX, ni en su ya rampante solapamiento con la etnia, que lo será en el XXI si no lo remediamos. Los actuales privilegios de la Iglesia católica, combinados con el principio de igualdad ante la ley y con una judicatura educada en él, convierten en mera cuestión de tiempo que otras confesiones reclamen y obtengan un trato similar y constituyen, así, una vía segura hacia el multiculturalismo escolar, es decir, hacia la proliferación del uso sectario de la escuela (no se confunda la multiculturalidad, que es un hecho a reconocer, con el multiculturalismo, que es un programa de acción). El último Gobierno del PP no inventó este uso sectario, sino que se limitó a dar una vuelta de tuerca más a una política ya errada cuando, con la Ley de Calidad (LOCE), trató de equiparar definitivamente la religión con las materias ordinarias, en cumplimiento estricto del Concordato. Si la LODE había puesto las bases para el multiculturalismo intercentros, con la LOCE se quiso sentar las del multiculturalismo intracentros.

¿Hasta qué punto tienen las confesiones religiosas derecho a emplear la institución escolar para su reproducción, o puede permitirse que lo hagan sin que se tambaleen los fundamentos de la convivencia? Nadie debe poder servirse del poder público para fines particulares, por muy extendidos o trascendentes que éstos sean, y eso incluye la formación o el adoctrinamiento religiosos. Política y religión, Estado e Iglesias, ciudadanía y cultura, convivencia pública y creencias privadas, escuela y familia, deberían estar completamente deslindados. La separación de Iglesia y Estado propia de una sociedad laica no se reduce a la no interferencia recíproca en sus asuntos internos, sino que exige la renuncia simétrica a utilizar los medios del otro para los fines propios. Así como el Estado no debe tratar de manipular la autoridad moral de las Iglesias, éstas no deben intentar instrumentalizar el poder político de aquél. Lo primero sería una incursión totalitaria en la sociedad, por fortuna desaparecida junto con el franquismo; lo segundo es un uso sectario del poder público, desafortunadamente consagrado en el vigente Concordato y muy apreciado por la jerarquía católica. La escuela ha de ser instrumento sólo del demos, mecanismo de construcción de la ciudadanía; depósito y vehículo sólo de lo que es común a todos, del laos, es decir, laica; las particularidades grupales, las diferencias culturales que constituyen el etnos, sólo deben poder reproducirse por medio de las instituciones de la sociedad civil (familias, Iglesias, asociaciones).

Debería quedar claro que una sociedad cuyas escuelas son utilizadas a favor de una, de varias o de todas y cada una de las religiones no puede considerarse en modo alguno laica, ni siquiera aconfesional. La presencia de los alumnos en las aulas no deriva de la voluntad de las familias, sino de una norma política; es su derecho, pero también su obligación. Y los centros y profesores que los acogen pueden hacerlo porque se garantiza a todos ese derecho, porque se exige a todos esa obligación y porque ellos mismos son titulares de una licencia y un mandato públicos, todo ello sostenido en última instancia por la fuerza coercitiva del Estado y, en primera y para la mayoría, por el erario público. Cuando y dondequiera que una iglesia se valga de la obligatoriedad escolar (lo que incluye todas las enseñanzas regladas en centros privados en la edad escolar obligatoria), de los fondos públicos (los centros concertados) o de la licencia pública para otorgar o negar credenciales (lo que sucede si se equipara la religión a otras materias, sea en su evaluación, en su consideración o en su encaje temporal y espacial), estaremos ante el uso indebido, por sectario, de una institución pública.

Cabe preguntarse por qué esta alarma precisamente ahora y no antes, o qué clase de problema social representan otras religiones pero no la católica. La respuesta es, primero, que entre las (aquí) nuevas confesiones llegan algunas cuya voluntad de injerencia en la vida política y social y de subordinación de las instituciones es todavía más intensa que la del catolicismo (que no es poca); segundo, que el tiempo no pasa en balde, y el actual arreglo (la posibilidad de elegir entre cursar o no religión en la escuela), que pudo ser vivido, en su origen, como un alivio a la salida de un régimen confesional autoritario, ha ido convirtiéndose cada vez más en un pesado fardo, quizá ya insoportable; tercero, que cabe ver la institución escolar con otros ojos ahora, cuando la rápida inmigración, las tendencias centrífugas autóctonas y los efectos de dislocación social de la globalización económica amenazan la cohesión social, a diferencia de cuando apenas parecía sobrar uniformidad y faltar libertad; y cuarto, que somos muchos los que nunca hemos considerado la escuela confesional, sino una costosa concesión, inevitable o no, y un lastre para la democracia, y tal vez más cuanto más obvio es el divorcio entre la conciencia social y las posiciones eclesiásticas.

No exige la Constitución ni la enseñanza de la religión en las escuelas ni la autorización de escuelas religiosas. "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", dice su artículo 27, pero formación no es lo mismo que escolarización, ni que enseñanza, y el derecho queda suficientemente garantizado si nada impide a las familias ofrecérsela ellas mismas o buscarla al margen de la escolaridad obligatoria (a otras horas, en otros sitios, sin sanción pública) o, con mayor razón, si además lo hacen con algún apoyo público (como las subvenciones directas e indirectas que las Iglesias ya reciben o las instalaciones escolares que están a su disposición igual que a la de otras entidades privadas de interés público). El Concordato (acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales) es más constringente, pues proclama "el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar", así como, para el ámbito preuniversitario, "la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". Pero torres más altas han caído, o ¿acaso no se revisaron, por ejemplo, los acuerdos con los Estados Unidos y los tratados de la Unión Europea?

Lo razonable en una sociedad laica es, sencillamente, que las Iglesias tengan vedado el acceso a la enseñanza obligatoria: ni religión en la enseñanza pública, ni escuelas religiosas privadas, ni profesores de obediencia eclesiástica. Esto es una deuda histórica: si la desamortización económica del siglo XIX fue decisiva para la construcción de un mercado nacional, la falta de una desamortización escolar en el siglo XX ha sido el mayor obstáculo para la construcción de una nación política. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, y bien se podría desalojar por fin a la Iglesia de la educación obligatoria, aunque sin confundir esto en ningún momento con la estatalización de sus centros. Por ejemplo, obligándolos, aun con generosas indemnizaciones, a convertirse en cooperativas, patronatos o fundaciones con su actual profesorado como titular (algunos ya lo han hecho), lo que preservaría los derechos laborales de éste y el carácter privado de aquéllos; y manteniendo sus idearios excepto en lo estrictamente confesional, lo que salvaguardaría plenamente los derechos y, en parte, las opciones previas de las familias. Éstas, por su parte, podrían seguir proporcionando formación confesional a sus hijos fuera de la escolaridad obligatoria, a saber: antes, en la escolaridad infantil (aunque esto sería de muy mal gusto); durante, pero en otras horas; y después, en el bachillerato o la formación profesional posobligatorios.

Esta misma perspectiva de separación estricta entre política y religión debe aplicarse a la viciada polémica del velo. Que la institución escolar deba mantenerse apartada de toda confesionalidad, en una estricta actitud de laicidad, no significa que deba ni pueda imponerla a los alumnos. Hay que distinguir claramente entre la institución y el espacio escolares, así como entre la institución y los institucionalizados. Las disquisiciones francesas sobre la escuela como un espacio republicano en el que los alumnos deberían renunciar a sus símbolos religiosos no son sino muestras de fundamentalismo laicista. Es entonces, y sólo entonces, cuando se coarta la expresión privada de la religiosidad, que cabe hablar de laicismo, no para descalificar con el ismo añadido -todos los "ismos", ya se sabe, son malos- la mera demanda de laicidad en las instituciones, como intentan hacer hoy algunos portavoces del confesionalismo español. Es la institución escolar la que debe, como tal, evitar cuidadosamente cualquier manifestación religiosa, y esto vale en primer lugar para sus agentes, los educadores, que deben dejar toda expresión religiosa en la taquilla al entrar y recogerla al salir, o bien elegir otra profesión. Pero los alumnos no tienen por qué ver coartado su derecho a la expresión religiosa, siempre que ésta no obstaculice las actividades del centro, ponga en peligro su seguridad ni atente contra los derechos de los demás. La escuela debe formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes como tales, no conversos forzados (España ya debería haber aprendido de su historia). Al César lo que es del César, como ya admitió y aconsejó Jesucristo; pero, tanto si existe como si sólo lo aparenta, aceptemos con Calderón que el alma sólo es de Dios.

Los profesores de secundaria no están de acuerdo con la normativa que se recoge en la Ley de Calidad sobre los catedráticos de instituto. No lo estuvieron cuando se redactó aquella ley y ahora que ha habido un cambio de Gobierno han expresado, de nuevo, su rechazo a los responsables del actual Ministerio de Educación. Así lo han comunicado alrededor de 1.000 profesores reunidos en la Asociación de Profesorado de Secundaria de Madrid, y afirman que han recibido los apoyos de numerosos compañeros de otras comunidades.

No quieren que haya un cuerpo de catedráticos, aunque no se oponen a la condición de catedrático como una estación más en la promoción laboral de los docentes, tal cual se recogía antes de la Ley de Calidad. Los catedráticos, dicen, no deben ser en exclusiva los jefes de los departamentos, sino que esta tarea tendrán que asumirla aquellos que sean designados de forma interna, mediante un proceso democrático en el propio departamento, aunque no les importa que los actuales catedráticos tengan preferencia para este puesto.

Exigen que para el acceso a la cátedra no tengan que hacer exámenes que ya pasaron, sino que se les evalúe "por méritos" tales como años de docencia, publicaciones, doctorados, cursos recibidos. En este punto manifiestan su "oposición frontal" porque entienden que les perjudica gravemente pasar de nuevo un examen para ejercer la misma labor para la que ya aprobaron en su día unas oposiciones.

Por tanto, afirman en la carta dirigida al secretario general de Educación, Alejandro Tiana, las retribuciones deberían percibirlas mediante la evaluación de los méritos citados, así como por su actividad docente diaria.

Si sigue adelante la normativa sobre catedráticos de la Ley de Calidad, hoy paralizada, advierten que además de tener que presentarse a unas oposiciones se verán "obligados a perder su plaza una vez las ganen, algo que no pasaba con la ley anterior a la de Calidad".

Todo esto, afirman, obstaculiza la promoción de los profesores de secundaria, que antes podían ascender a catedrático por sus méritos mientras que ahora se encuentran con "una pared de frente", explicó la portavoz del colectivo, Aurora Gil. "Además, tal y como está planteado, no saldrían plazas porque cubrirlas implicaría desplazar a otros profesores", explica Gil.

El desarrollo del decreto que regula el acceso al cuerpo de catedráticos quedó frenado cuando el actual Gobierno paralizó el calendario de aplicación de la Ley de Calidad. Pero los afectados no ven que ahora "se hable mucho de esto" y temen que siga adelante sin cambios y aparezca igual en la nueva ley que prepara el actual Ministerio de Educación. Por esa razón han comenzado su protesta de nuevo, emplazando a todos aquellos que apoyen sus tesis a que les envíen sus mensajes (coordinamadrid@yahoo.es)

Cuando se debatía la Ley de Calidad, los profesores protestaron por esto mismo de lo que se quejan hoy, pero también porque se les concedía a los catedráticos el privilegio de impartir preferentemente clases de bachillerato o FP de grado superior. La ministra de entonces, Pilar del Castillo (PP), retiró esto último pero mantuvo todo lo demás.