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LA REFORMA EDUCATIVA: Los consejeros de las comunidades del PP abandonan la reunión sobre financiación educativa

  San Segundo admite un posible aumento en la factura para la reforma educativa

LA REFORMA EDUCATIVA Los consejeros de las comunidades del PP abandonan la reunión sobre financiación educativa

La oposición acusa al Gobierno de "mentir y engañar a los españoles" al prometer "a bombo y platillo" 6.000 millones "que no existen"

Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han abandonado esta mañana la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación poco después de su inicio para expresar su rechazo a la propuesta de financiación de la reforma educativa presentada hoy por la ministra, Maria Jesús San Segundo. En su primera intervención, el consejero de Educación de Madrid, Luis Peral, ha dicho que la propuesta financiera, que asciende a 6.107 millones de euros de los cuales un 40% lo deben aportar las comunidades, no es una memoria económica como tal, sino un documento que no se ajusta a una memoria económica rigurosa. Los consejeros del PP (Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Murcia, Castilla y León y Baleares) han salido poco después de la sala donde tenía lugar la sesión de la Conferencia Sectorial, convocada en el Ministerio de Educación. Tras el plante, el PP ha acusado a Educación y al presidente de Gobierno de "mentir y engañar a los españoles" al prometer "a bombo y platillo" 6.000 millones de gasto adicional para educación "que no existen".

La secretaria de Asuntos Sociales del PP, Ana Pastor, ha comparecido en conferencia de prensa en la sede del PP acompañada de los consejeros populares para explicar que el abandono se ha producido por que "no querían ser cómplices de una farsa ante la opinión pública". La responsable de Asuntos Sociales del PP ha denunciado que el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) está pactada de antemano con ERC y los nacionalistas, "por ello es una Ley que sólo convence a unos pocos y no a la inmensa mayoría de los españoles" y ha asegurado que frente a los 6.000 millones prometidos la "inversión real" de Rodríguez Zapatero en educación son 170 millones en 2006, el 0,5% del presupuesto en esta materia; y el 0,13% de los Presupuestos Generales del Estado.

"Como los 800.000 empleos de González"

Pastor ha puntualizado que los 6.000 millones de Zapatero son "como los 800.000 puestos de trabajo prometidos, en su día, por Felipe González" y que "luego se volvieron en su contra". La responsable del PP ha considerado además que el Gobierno también mintió al prometer que en la Sectorial se debatiría la memoria económica de la nueva Ley de Educación del PSOE, cuando "tal memoria no existe, cuenta entre sus recursos con los recursos propios de las comunidades e incluye las partidas corrientes del presupuesto del Ministerio de Educación".

Por su parte, San Segundo ha considerado que el plante es una "pena" y una "descortesía". En rueda de prensa, la ministra ha señalado que estas regiones "descalifican sin más" la propuesta ministerial de una inversión adicional en cinco años para cumplir los objetivos prioritarios de la futura Ley Orgánica de Educación (LOE), al tiempo que ha recordado que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) fue aprobada cuando gobernaba el PP sin ningún tipo de memoria económica. San Segundo ha citado a continuación un documento que el Ejecutivo de entonces no llegó a presentar, que valoraba en 186 millones de euros en seis años la implantación de la LOCE, que contrapuso a la cantidad planteada por el Gobierno socialista, en la que la administración central aportaría entre el 55 y el 60%.

La ministra ha considerado que todo es opinable, pero que el estudio financiero es serio y en la dirección adecuada para cambiar la tendencia del gasto educativo. "Queremos debates serios", según San Segundo, pues lo otro no es lo que la comunidad educativa espera de los responsables de la gestión educativa en cada territorio. La ministra ha añadido que los consejeros del PP "no han valorado el rasgo institucional" de participar en la conferencia sectorial, pero confió en seguir contando con ellos como hasta ahora por "el bien de todos los alumnos, centros y profesores" de sus respectivas regiones. San Segundo ha anunciado que la Comisión General de Educación mantendrá reuniones técnicas las próximas semanas para debatir la propuesta económica del Ministerio, que es un "borrador".

San Segundo admite un posible aumento en la factura para la reforma educativa

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - 03/06/2005

MADRID

Aún hay margen para negociar el coste de la reforma educativa. Éste es el mensaje que quiso transmitir ayer la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, a los consejeros autonómicos reunidos en la conferencia sectorial. Un encuentro marcado por el abandono de los siete consejeros de comunidades gobernadas por el PP, que consideraron inaceptable el presupuesto adicional para mejorar la educación no universitaria, cifrado por el ministerio en más de 6.000 millones de euros hasta el 2010, y que habrá que pagar entre la Administración central y las comunidades autónomas.

Lo que en principio parecía una propuesta económica cerrada, San Segundo la convirtió ayer, ante los representantes autonómicos, en "un punto de partida, no un documento cerrado". Por ello, la consellera Marta Cid decidió cambiar su actitud inicial y no solicitar la retirada de dicha propuesta, tal y como tenía previsto, y apostar por seguir negociando.

Dentro de unos días, se convocará la conferencia general -en la que participan los secretarios generales de las distintintas administraciones- para intentar poner las bases a un acuerdo sobre lo que costará cumplir los objetivos europeos y la aplicación de la futura Ley Orgánica de la Educación (LOE).

En todo caso, la ministra volvió a manifestar que la memoria económica de la LOE estará lista para su entrada en el Congreso, prevista para julio.

Tanto San Segundo como los consejeros que permanecieron en la reunión calificaron de "una falta de respeto institucional el plantón de los representantes del PP -abandonaron la conferencia poco después de su inicio, tras expresar su rechazo a la propuesta económica-. "Si hablan como portavoces del PP -declaró la ministra ante la prensa- nos corresponde recordar que la Ley de Calidad entró en el Parlamento sin memoria económica y el ministerio estimaba que su implantación a tres años costaría 186 millones".

Según el consejero de Madrid Luis Peral (PP), los 6.107 millones de euros de financiación adicional para los próximos cinco años son un "engaño", ya que la aportación nueva del Gobierno es escasa (170 millones en 2006), mientras que el resto procede de las autonomías que tienen transferidas las competencias, o está ya recogidas en los Presupuestos del Estado en diferentes conceptos.

Cid reiteró en la reunión su desacuerdo con los cálculos realizados por el Gobierno, por considerar que está muy por debajo de las necesidades educativas que deben cubrirse. Para la representante de la Generalitat, el esfuerzo económico de la administración central no sólo debe atender las metas del 2006-2010 sino que ha de hacer frente al déficit que arrastran las comunidades autónomas.

En el caso de la Generalitat, calculan que alcanza los 1.500 millones de euros. Cid insistió en la necesidad de que, por ejemplo, el ministerio se haga cargo este año mismo del gasto que supone la extensión de la enseñanza al tramo de 3 a 6 años, un coste que a partir del 2006 San Segundo ha prometido asumir.