El Ministerio de Educación ha incluido
las becas universitarias en el plan de financiación de su Proyecto de Ley
Orgánica de Educación (LOE), una reforma de los estudios no
universitarios. El ministerio no ha decidido qué porcentaje de los 85
millones de euros anuales que destina a becas en su plan hasta 2010 será
para las universitarias (1.275, en total), pero estas ayudas se llevan
tradicionalmente cerca del 70% del presupuesto del ministerio para becas.
Según estos cálculos, cerca de 900 millones del coste adicional de la
LOE presentado por el Gobierno no tendrían que ver con esta reforma.
Educación justificó esta medida en el "tirón" que
experimentan las matrículas posobligatorias cuando se asegura que habrá
becas para continuar los estudios. En el curso 2002-2003 (el último del
que el ministerio aporta datos separados) se destinaron cerca de 223
millones de euros para las becas no universitarias, es decir, las que se
solicitan para la enseñanza obligatoria y para el bachillerato y la FP.
El ministerio se ha comprometido a elevar en 425 millones de euros el
importe para becas en 2010 respecto a lo presupuestado en 2005. Si no
estuvieran incluidas en esa partida las becas universitarias, supondría
triplicar el importe que se destina al resto de las becas. Pero no es así,
de tal forma que habrá que esperar a decisiones futuras sobre el reparto
de esos millones para ver qué becas salen más beneficiadas.
El capítulo de las becas, en el que se ha
recogido un incremento de 1.275 millones de euros en cinco años sobre el
presupuesto actual, supone el 20% de todas las inversiones detalladas en
el documento económico que presentó la ministra el martes pasado. Con
una simple proyección del importe que, del total, se ha destinado
tradicionalmente a becas universitarias podría inferirse que casi 900
millones de los previstos serían para estudios universitarios, que nada
tienen que ver con la Ley Orgánica de Educación (ver gráfico).
El Ministerio de Educación ha
reconocido que las becas universitarias están incluidas en esa partida y
ha aclarado que el reparto de la inversión para los distintos tipos de
ayudas al estudio no se ha efectuado todavía y queda, en parte, pendiente
de la negociación con las comunidades autónomas. La decisión de elevar
85 millones cada año la cuantía de becas, explicó el secretario general
de Educación, Alejandro Tiana, responde a la negociación con el
Ministerio de Economía y Hacienda, "para garantizar un mínimo de
inversión", no a cálculos preestablecidos de lo que se destinará a
las distintas becas. Por otro lado, explicó Tiana, todo queda pendiente
de futuras negociaciones con las comunidades autónomas. Tiana destacó el
compromiso que significa elevar en 1.275 millones respecto al 2005 la
cuantía para becas que se habrá destinado en cinco años. Eso supone un
incremento para becas de alrededor de un 10% cada año que sufragaría
enteramente el ministerio puesto que conserva las competencias en esta
materia.
La decisión de incluir estas becas
en el borrador de estimaciones presentado por el ministerio la justificó
Tiana diciendo que "el conjunto total del dinero que se destina a
becas de enseñanzas posobligatorias tiene un efecto de arrastre sobre la
matrícula de los estudiantes". Es decir, que si los alumnos saben
que contarán con becas universitarias en el futuro continuarán sus
estudios de bachillerato y de FP, una de los objetivos que se ha planteado
el ministerio para acercarse a la media europea. Tiana aclaró también
que las solicitudes de becas determinan la distribución de las mismas
aunque admitió que cabe la posibilidad de "incentivar" algunas
becas sobre otras si van en convocatorias separadas. Por último, afirmó
que "si las comunidades autónomas dicen que hay que revisarlo, se
revisará, y puede que la cifra total suba". El secretario general de
Educación defendió las cuentas presentadas por "rigurosas y
prudentes", aunque admitió que puede haber "diferencias de
interpretación".
El ministerio presentó el pasado
marte este borrador con las estimaciones económicas para la mejora del
sistema educativo en los próximos cinco años. La memoria prevé una
inversión compartida con las comunidades autónomas de 6.106 millones de
euros en el próximo lustro, de los cuales algo más del 55% lo aportaría
la Administración central. Las becas son la segunda partida con más
dotación entre las recogidas en el documento. La primera es la compensación
a las comunidades por haber escolarizado a los niños de tres a seis años.
La Ley de Calidad, aprobada en la última legislatura del PP estableció
que ese tramo de edad fuera gratuito aunque voluntario, pero aquella ley
se presentó y aprobó en el Parlamento sin memoria económica que
cuantificara los gastos adicionales a los que habría que hacer frente con
la nueva ley.
Inversión adicional
La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, se comprometió el
pasado jueves a que le nueva ley irá acompañada de una memoria económica.
Pero este compromiso, varias veces expresado, no consiguió que los
consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP se
quedasen a negociar las primeras cuentas presentadas para afrontar parte
de la reforma educativa. Todos abandonaron la reunión convocada el jueves
y calificaron de "engaño" la inversión prevista por Educación.
Las becas, dijeron entonces, no deben formar parte del cómputo total
porque son partidas que se presupuestan cada año. Desde el ministerio
aseguran que la inversión recogida es adicional y que las partidas pueden
incrementarse con los presupuestos generales de forma independiente.
