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Las escuelas ensayan la autonomía
Varios centros enseñan con las nuevas tecnologías, refuerzan los idiomas y trabajan para resolver problemas de entorno
SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona
EL PAÍS - 08-05-2006
Los expertos dicen que en materia de educación se dan pocas ecuaciones. Más recursos económicos no garantizan mejores resultados, ni ampliar el horario asegura reducir el fracaso escolar. Tampoco dar más autonomía a los colegios para que se organicen es garantía de mejoras escolares. Aun así, los profesores y estudiosos del asunto ven en la autonomía escolar la condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar el rendimiento de los alumnos, hoy no demasiado halagüeño con el 30% de fracaso escolar.
Un total de 74 colegios, escuelas e institutos catalanes están aplicando proyectos de autonomía autorizados por el Departamento de Educación de la Generalitat. Hay 28.300 alumnos implicados en ellos, pero hoy por hoy este número de alumnos apenas es una gota de agua en un océano: representan el 2,5% del total de los alumnos no universitarios catalanes.
Hay centros que se dedican a potenciar los idiomas, otros se esfuerzan por familiarizar a sus alumnos con las tecnologías de la información, pero también los hay que tienen problemas de entorno, con familias desestructuradas, y otros en los que los profesores buscan reforzar la capacidad de resolver situaciones concretas, como saber circular por la ciudad, destaca Eugeni García, coordinador del programa de autonomía de centros del Departamento de Educación de la Generalitat.
Ahora Educación quiere ahondar en la autonomía de los centros. Los resultados tardarán en palparse. El Pacto Nacional por la Educación que firmaron en marzo la Generalitat y 20 entidades está lleno de buenas intenciones, pero asume el compromiso de introduir la autonomía en la futura ley catalana de educación, que el Gobierno catalán quiere enviar al Parlament en los próximos meses. En la memoria económica del pacto educativo figura el compromiso de destinar 80 millones de euros a mejorar la autonomía de los centros hasta el año 2009. A petición de los sindicatos, el grueso de este dinero se destinará a la educación secundaria, ya que en ella aparecen los verdaderos problemas que llevan a algunos jóvenes a perder el ritmo de las clases y los abocan al fracaso escolar. García asegura que cada escuela o instituto es casi un mundo. "Hay una gran diversidad de situaciones. No se puede tratar por igual a todos los centros, y por eso son ellos los que deben buscar y proponer sus propias soluciones a sus problemas, y eso depende del perfil de sus alumnos y de sus profesores", indica García.
Pero la autonomía escolar también suscita recelos. Los sindicatos de profesores no quieren que acabe introduciendo una competencia entre centros. "La autonomía escolar, si se entiende como una transferencia del modelo de la empresa privada a la escuela pública -como está sucediendo en Inglaterra-, puede generar una tendencia a que los centros de mayor cualidad mejoren, mientras que los que tienen más dificultades vean como éstas se multiplican, y eso es injusto. La educación no es una mercancía, sino un derecho de todos los ciudadanos. La escuela no debe ser un supermercado en el que cada cual compra en función de sus recursos económicos", señala David Medina, profesor y dirigente de la Federación de Enseñanza de UGT.
Los alumnos nacidos en los tres últimos meses del año repiten más, según un informe
J. A. A. - Madrid
EL PAÍS - 08-05-2006
Los alumnos más jóvenes de cada curso, los nacidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, "presentan dificultades educativas que les hacen incrementar las posibilidades de repetir curso", según un informe presentado por la Fundación Alternativas sobre los factores que marcan las desigualdades entre la formación de los jóvenes. Su conclusión se basa en datos extraídos de una muestra de chicos de 16 y 17 años que estudian ESO.
Esta afirmación basa su conclusión en datos extraídos de una muestra de chicos de 16 y 17 años que estudian ESO, bachillerato, formación profesional de grado medio y algunos ya en el mercado laboral; de ellos, el 26% ha nacido en los últimos meses del año, un porcentaje que debería repetirse en cada nivel de estudio.
Sin embargo, los estudiantes de esa edad matriculados en la ESO casi alcanzan el 32%. "Esa mayor concentración demuestra que los chicos de esas edades han repetido más", concluye el director del estudio, el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona Jorge Calero.
Estudios de la madre
El informe también analiza una serie de circunstancias personales (económicas, familiares y territoriales, entre otras) que inciden en la formación de los alumnos. Entre esas variables cabe destacar el nivel de estudios de las madres: cuantos más años de formación acumulan, más probabilidad tienen los hijos de continuar estudiando tras la etapa obligatoria. Las madres de los alumnos de bachillerato han estudiado una media de casi nueve años, las de los que estudian FP lo han hecho 6,64 años y las de los que se pusieron a trabajar tras la ESO, 5,21.
El número de hermanos también condiciona a los chicos y chicas. Aunque las diferencias son más sutiles, el estudio concluye que cuantos menos hermanos, existe más probabilidad de seguir estudiando, por cuestiones económicas. Las cifras son las siguientes: los bachilleres tienen una media de 2,36 hermanos; los estudiantes de FP tienen 2,92 y los chicos que ya están trabajando, 3,06.
Un abogado en cada escuela
http://www.elpais.es/articulo/educacion/abogado/escuela/elpedupor/20060508elpepiedu_2/Tes/
El reciente acuerdo de convivencia trata de dar asistencia legal a las víctimas de acoso y violencia
J. A. AUNIÓN - Madrid
EL PAÍS - 08-05-2006
La convivencia en los centros escolares se ha "deteriorado" en los últimos años, según admitió el Ministerio de Educación, cuando firmó recientemente con los principales sindicatos de la enseñanza un acuerdo que espera mejorar el ambiente de los colegios e institutos, tanto para que los alumnos puedan estudiar en mejores condiciones, como para que los profesores desarrollen tranquilos su trabajo.
Los casos graves de acoso o violencia son cuantitativamente escasos -afectan al 2,7% de los estudiantes de primaria y secundaria, según el Ministerio de Educación-, pero pueden alterar profundamente la vida del centro en general y de los estudiantes y profesionales implicados en particular, dice José Antonio Martínez, representante de la Asociación de Directores de Instituto.
Precisamente, la mayor conflictividad se produce en los centros de secundaria y, además, entre docentes y alumnos. Como ejemplo puede servir una estadística de Castilla y León, recabada en el 90% de sus 1.117 centros docentes durante el primer trimestre de este curso: el 80% de los chicos y chicas implicados en las 11.892 incidencias por problemas de convivencia eran de secundaria. Y el 62% de esas incidencias han sido entre profesores y alumnos. Los casos graves fueron 22.
Uno de los puntos del Plan de Convivencia, recién firmado entre el Ministerio de Educación y los principales sindicatos, garantiza respaldo jurídico a los profesores y alumnos víctimas de acoso o violencia escolar. En la actualidad, si un alumno o alguien de su familia agrede a un profesor, o viceversa, la víctima no cuenta con asistencia por parte de la Administración si quiere llevar la cuestión a los tribunales.
Excepto en la Comunidad de Madrid, donde funciona desde este año un servicio de asistencia, aunque sólo para los docentes, que cubre estos casos. Se puso en funcionamiento a principios de este curso y, desde entonces y hasta febrero, han llevado 42 casos. "Afortunadamente, estos casos, aunque graves, son minoritarios", señala el consejero de Educación madrileño, Luis Peral. Desde CC OO han criticado la "eficacia" de este servicio, subcontratado con una empresa privada, pero en la consejería aseguran que no han recibido ninguna queja.
"Judicializar la vida de los centros es una auténtica barbaridad. Sin embargo, en los casos de acoso y agresiones sí recomendamos que se denuncie", asegura José Antonio Martínez. De hecho, los conflictos que llegan a los tribunales son relativamente pocos y, además, los docentes son "reacios" a denunciar a los chicos, asegura Carmen Perona, abogada experta en estos temas de los servicios jurídicos de CC OO. "No creo que haya que judicializar la docencia, pero las leyes son para todos y hay que aplicarlas", sostiene. Asegura que los casos que más sufren los docentes son los de acoso, tanto por parte de los alumnos como de sus familiares, aunque también menciona situaciones, en las que ella ha intervenido, de estudiantes que llenan de petardos el baño mientras el profesor está dentro, o que destrozan su coche.
Para Carlos Gómez, director general de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de Andalucía, se trata de "mandar un mensaje de apoyo a los profesores, para que trabajen bien, tranquilos y respaldados". Andalucía acaba de aprobar un decreto sobre convivencia escolar que incluye también un servicio de asistencia jurídica para docentes que no contempla la asistencia en el caso de violencia o acoso entre alumnos.
El Plan del ministerio, de momento, se queda en una frase dentro del acuerdo en lo que se refiere a la asistencia jurídica y, como una buena parte del plan, tendrá que acordarse con las comunidades autónomas, que son quienes prestarán el servicio. Sin embargo, el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, que negoció con los sindicatos el acuerdo sobre convivencia, asegura que tanto los profesores como los alumnos agredidos tendrán "la asistencia jurídica necesaria" cuando se produzca acoso o agresión.
Y más allá de estas situaciones, los sindicatos celebran la medida porque los docentes se verán respaldados en las situaciones que más veces llegan a los tribunales: cuando un alumno tiene un accidente durante el horario lectivo y sus familiares denuncian al maestro. Si lo hacen en el juzgado de lo contencioso administrativo, no existe mayor problema, ya que la legislación actual asegura la asistencia jurídica en estos casos, explica Perona. También es la vía más sencilla y menos costosa para los padres, asegura la abogada de CC OO Carmen Perona.
Pero si, como ocurre en la mayoría de los casos, denuncian por la vía penal, el profesor no cuenta con asistencia y, después de un desagradable proceso, resulta que no existe causa penal -"en el 98% de los juicios, el juez desestima la denuncia por eso", asegura Perona- y, además, a los padres del alumno les cuesta mucho más dinero: "Por lo contencioso administrativo puede costarles 600 euros y por lo penal alrededor de 3.000", asegura la abogada.