Revista de Premsa

El nuevo estatuto del docente permite el ascenso mediante méritos en las aulas

El borrador recoge la obligación de evaluar y combatir las enfermedades del profesorado

CARMEN MORÁN  -  Madrid
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 24-05-2006

Los maestros y profesores de secundaria podrán desarrollar a lo largo de su vida profesional una carrera docente que se articulará en ocho grados. Cada uno de estos escalones se adquiere en un mínimo de tres años y un máximo de seis, de tal forma que, en unos 20 años, un docente motivado, participativo, que investigue, innove, experimente y se implique en la mejora de la enseñanza, podrá alcanzar su máximo reconocimiento profesional, al que acompañará el sueldo más alto. Así se recoge en el borrador de estatuto para los docentes elaborado por Educación. El borrador del estatuto, al que ha tenido acceso este periódico, recoge la dispersión normativa sobre el profesorado y aporta alguna novedad. La principal es que articula una carrera docente vinculada a los méritos profesionales, no sólo a los años transcurridos en las aulas, los conocidos sexenios. Los criterios, baremos y puntuaciones para evaluar los méritos que permitirán el ascenso al grado superior de maestros y profesores los negociará el Gobierno con las comunidades autónomas.

Entre los criterios se reconocerá el haber sido tutor de un grupo de alumnos, la participación de los profesores en grupos que desarrollen proyectos de mejora didáctica en el aula o en la vida del centro, o el pasar con éxito una evaluación voluntaria de su actividad docente y de su formación continua; también se valorará el desempeño de cargos directivos.

El grado adquirido por el maestro o profesor siguiendo estos méritos se tendrá en cuenta para la provisión de plazas docentes y, por supuesto, a efectos retributivos. Cuando un funcionario salte al cuerpo superior, por ejemplo, cuando un maestro pase a profesor de secundaria, tendrá reconocido el grado que había adquirido en su tarea como maestro. Los interinos tendrán un sueldo equivalente al que reciben los funcionarios cuando acceden a su plaza por primera vez, es decir, en el primer grado de su carrera docente.

Trabajo en la universidad
Nada dice el borrador del estatuto redactado en Educación sobre el paso de un cuerpo a otro simplemente acreditando una experiencia laboral y unos méritos, algo que sí prometió la anterior ministra de Educación, María Jesús San Segundo, para que los profesores pudieran trabajar en la universidad.

Pero sí se recoge en este documento la incorporación de los funcionarios docentes a los departamentos universitarios en jornada total o parcial, algo que hasta ahora se desarrollaba de forma muy limitada. La nueva ley de universidades tendrá que ocuparse de este asunto.

El estatuto recoge un capítulo sobre la salud laboral y la prevención y combate de los riesgos sanitarios derivados del ejercicio de la tarea docente; y otro capítulo dedicado a los derechos y deberes de estos funcionarios de las aulas en el que se les reconoce la posibilidad de emplear los métodos de enseñanza que consideren más adecuados y se les otorga el derecho a recibir la colaboración activa de las familias en las tareas escolares. Les queda garantizado el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación por parte de las autoridades educativas, así como el respeto de los alumnos.

El texto no olvida a las víctimas de la violencia de género, a quienes se les facilitará una plaza análoga cuando tengan que abandonar la que ocupaban. Y también recuerda que en los órganos de selección para el acceso al funcionariado deberá haber una distribución equilibrada de profesores y profesoras, salvo que razones objetivas lo impidan.

Los catedráticos de secundaria tienen reconocidas algunas funciones específicas, como la dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica que se realicen en el centro y el ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica y de orientación. Los profesores que estén en periodo de prácticas antes de ocupar sus plazas serán dirigidos también por los catedráticos, que, además, coordinarán los programas de formación continua de los docentes. También serán los encargados de presidir los tribunales de acceso al cuerpo de catedráticos. Este borrador de estatuto está todavía sujeto a negociaciones.

Un plan estatal prevé que uno de cada tres niños tenga guardería pública en 2009

El plan nacional de infancia que se aprueba hoy promueve la educación sin castigos físicos

ANA ALFAGEME  -  Madrid
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 24-05-2006

Uno de cada tres niños menores de tres años (un 33%) podrá acudir a una guardería pública a finales de 2009. Una de las 149 medidas del Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2006-2009 que aprobará hoy el Observatorio de la Infancia prevé aumentar los servicios para menores de tres años mientras trabajan sus padres. Así España coincidirá con los objetivos de la UE para 2010. Otras medidas son facilitar la adopción internacional, promover la educación sin castigos corporales, mejorar la seguridad de la Red para los niños o regular la flexibilidad de horarios en el trabajo. A partir de hoy, España tendrá su primer plan de rango nacional para proteger a los niños y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, había recomendado a España en 2002 que formulase una estrategia global sobre la infancia. Esta reflexión figura en la fundamentación del plan, a cuyo borrador -el último elaborado, según fuentes del grupo de trabajo- ha tenido acceso EL PAÍS. Es el resultado del trabajo de expertos de tres ministerios (Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y Sanidad), organizaciones de infancia y de juventud, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El plan apunta la situación actual en salud -los accidentes son la causa principal de enfermedad y muerte en menores, recuerda el documento-, educación, nuevas tecnologías, pobreza -el 25% de los menores de 16 años vive por debajo del umbral de la pobreza, frente al 18% del total de la población- o exclusión. Se pretende conseguir, a finales de 2009, que los menores de 18 años tengan más derechos. Sólo la población de niños por debajo de 14 años supera los seis millones. Éstas son algunas de las medidas:

- Guarderías. Ahora mismo, sólo 21 de cada 100 niños menores de tres años tiene plaza en una guardería pública o privada. El plan prevé "aumentar y mejorar la calidad de la oferta de servicios dirigidos a menores de tres años durante la jornada laboral de sus padres, acercando ambos parámetros a las directrices de la Unión Europea (recomendación sobre cuidado de niños y tasas de cobertura en centros públicos del 33%)". Otra medida impulsa el "desarrollo de medidas legislativas de promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar que incentiven la flexibilidad de los horarios laborales de los progenitores o cuidadores".

- Maltrato y violencia. El sexto objetivo estratégico prevé la atención a niños y adolescentes en riesgo, desprotegidos o en situación de exclusión, y es el que más medidas (22) contiene. Una intenta prevenir, detectar y combatir los malos tratos a los niños a través de "desarrollar un sistema unificado de registro de casos, detección y notificación" del maltrato. Otra medida pretende implantar en todo el país los Juzgados de Familia (ahora hay unos 60 en 38 ciudades) y una más prevé campañas de sensibilización que "promuevan modelos educativos en la familia alternativos a la violencia y los castigos corporales".

- Adopción internacional. España es el segundo país del mundo que más niños extranjeros adopta. Cuatro medidas se refieren a adopción internacional. Se quiere ofrecer atención de calidad en todo el proceso, que los cuatro ministerios implicados (Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales) se coordinen y que se impulse "un sistema de información entre países sobre procedimientos e intercambio de experiencias".

- ¿Qué piensan los niños? El último objetivo busca que los niños se conviertan en ciudadanos de pleno derecho. Contiene siete medidas para garantizar su participación, como elaborar estudios que recojan la opinión de los niños sobre su situación y cómo les afectan las políticas de infancia.

- Control. El proyecto, que será evaluado por el Observatorio de la Infancia (el órgano en el que se sientan Administración y asociaciones) contiene 11 "objetivos estratégicos" (desde mejorar la información estadística sobre la situación de los niños hasta asegurar una educación de calidad) y 149 medidas. Casi todas tienen asignadas organismos responsables (un ministerio, comunidades autónomas...).

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