Revista
de
Premsa
La Comisión Europea reprende al Gobierno
español por el trato de los obispos a sus docentes de religión
La denuncia fué realizada mayo del 2003 (ver
http://www.derechos.org/nizkor/espana/theo/ue.html)
España tiene dos meses para aplicar la legislación sobre contratos de duración
determinada
JUAN G. BEDOYA - Madrid
EL PAÍS - Sociedad -
16-06-2006
El Gobierno español recibió
ayer una advertencia por el trato que reciben los profesores de religión
católica en la escuela pública. El reproche lleva la firma de la Comisión
Europea, en concreto de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, y se refiere al estatus laboral de los docentes de
catolicismo, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada
curso por los obispos. Cada prelado puede renovar o rescindir esos contratos sin
motivación, lo que ya ha ocasionado innumerables sentencias contra la
Administración educativa y 300 millones de euros en pago de indemnizaciones por
despidos nulos o improcedentes, y por daños morales.
Como antes con la irregular
exención del pago del IVA, que disfruta la Iglesia católica, la advertencia de
la Comisión Europea reclama a España el cumplimiento de una directiva de
obligada ejecución en cada miembro de la UE. Esta vez la norma incumplida por
España se refiere al trabajo de duración determinada. Dice la resolución, en su
apartado dos: "La Comisión, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea, invita a España a que
adopte las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado en un plazo de
dos meses".
El artículo 226 dice: "Si la
Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones
que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado,
después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar
observaciones. Si el Estado no se atuviere a este dictamen en el plazo
determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia".
El "dictamen motivado" de la
Dirección de Igualdad de Oportunidades, firmado por su jefe de unidad Armindo
Silva, llegó ayer a poder del sindicato denunciante, la Unión Sindical
Independiente de Trabajadores Empleados Públicos (USITep).
Alfredo Sepúlveda, dirigente de
USITep y destinatario de la carta de la Comisión Europea, dijo ayer que el
dictamen de Bruselas "supone un varapalo a las pretensiones de la jerarquía
eclesiástica, que utiliza una pretendida superioridad jerárquica del Acuerdo
entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, respecto al resto de normas
internas, para seguir manteniendo los contratos de duración determinada, y
controlando, a través de ellos, a los profesores de religión".
"No podemos por menos que
mostrar nuestra satisfacción ante este importante dictamen que, a buen seguro,
será cumplido escrupulosamente por el Estado, pese a quien le pese", añadió.
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