Política Educativa i Renovació Pedagògica

 
 

Per un ensenyament públic, popular, democràtic i valencià :


 
 

POR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA, POPULAR, DEMOCRÁTICA Y VALENCIANA

INTRODUCCIÓN

1.    CONSOLIDAR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA DE CALIDAD.

1.1.- Enseñanza comprensiva y calidad.

1.2. Medidas para una enseñanza de calidad.

2. UNA ENSEÑANZA DEMOCRÁTICA

2.1. Profundizar en la democracia participativa.

2.2. Frenar la privatización.

2.2. Nuevas formas privatizadoras.

3. UNA ENSEÑANZA LAICA
4. EL PROFESORADO

4.1. Un nuevo perfil del profesorado. Dignificar la labor docente.

4.2. La formación del profesorado.

4.3. Apoyar la Renovación Pedagógica.

5. LA EDUCACIÓN INFANTIL

6.  LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

7. LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

7..1.   Autonomía universitaria.

7..2.   Evaluación y acreditación del profesorado. La habilitación nacional.

7..3.   Régimen de profesorado.

8. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

9. SALUD LABORAL

10. SIN FINANCIACIÓN NO HAY REFORMA EDUCATIVA

 

INTRODUCCIÓN

 La derogación de la Ley de Calidad (LOCE), planteada desde distintos sectores sociales, debe ir indisolublemente ligada al establecimiento de un pacto educativo de amplio calado porque la sociedad y los centros educativos requieren una mínima estabilidad que permita profundizar en los cambios y desarrollar los proyectos en marcha. Sin embargo, muchos de los que ahora se apuntan a la demanda de ese pacto educativo —principalmente en los entornos del Partido Popular, la Conferencia Episcopal y las patronales de la enseñanza— no abrieron la boca cuando el anterior Gobierno impuso la LOCE sin el más mínimo diálogo y sin evaluar la incidencia de la LOGSE, que no había finalizado todavía su periodo de aplicación. A pesar de ello, no se trata ahora de devolverles la moneda.

STEPV-Iv y la Confederación de STES-i, como manifestaron en su momento ante la imposición de la LOCE, exigen que el proceso de derogación de esta ley y su sustitución por una nueva sea el resultado de un Pacto por una Enseñanza Pública, Popular y Democrática, fruto de un análisis y un debate responsable, no sólo entre las fuerzas políticas parlamentarias y un sector de expertos, sino también con la participación de sus directos usuarios: las familias, el alumnado y el profesorado, a través de sus organizaciones representativas. Se trata de un debate que tanto las administraciones central como las autonómicas tienen la responsabilidad de impulsar.

Los contenidos mínimos de este Pacto deben ser aquellos que priorizan las necesidades de los sectores más desfavorecidos, que garantizan a los centros la autonomía de gestión y desarrollo curricular. Ese pacto debe corregir las políticas que en los últimos años han sometido a la enseñanza pública a la condición de subsidiaria de la privada.

 El Pacto por la Enseñanza, por tanto, debe: 

·       Devolver a la enseñanza pública el prestigio que se le ha querido hurtar y acabar con el proceso de privatización del sector.

·       Defender la enseñanza pública, democrática, igualitaria, integradora y de calidad para todos y todas.

·       Reconocer las diferentes realidades nacionales, lingüísticas y culturales del estado español.

·       Impulsar una legislación que impida la financiación pública de una educación elitista. La calidad para unos pocos es un privilegio, mientras que la calidad para todos y todas sólo la garantiza la enseñanza pública.

·       Propiciar normativas legales que permitan que las diferentes etapas educativas —obligatorias y no obligatorias— sean un espacio de convivencia entre el alumnado de distinta procedencia y extracción social; entre personas de distintas creencias y etnias; de convivencia con “los otros”, los distintos; una etapa de escolarización que sirva para el reconocimiento mutuo entre quienes son diferentes. Todo ello contribuirá al mayor avance democrático de una sociedad cada día más diversa y plural.

·       Devolver la democracia a la gestión de los centros educativos con participación de todos los sectores. El claustro y el consejo escolar han de ser los órganos de gobierno de los centros.

·       Favorecer la autonomía real de los centros educativos y mejorar la convivencia y el trabajo en equipo del profesorado.

·       Reflejar en la escuela y en la enseñanza la laicidad y la aconfesionalidad del estado que señala la Constitución, con un currículo sin enseñanzas religiosas.

 STEPV-Iv presenta este documento conlas las líneas básicas que permitan avanzar en el debate hacia el Pacto por la Enseñanza.

 1.    CONSOLIDAR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA DE CALIDAD.  

Avanzar hacia una mejora real en la calidad de la enseñanza, compatible con el principio de igualdad y capaz de desarrollar políticas de compensación de las desigualdades, y promover las estrategias más adecuadas que garanticen una verdadera educación intercultural, incompatible con el reconocimiento de una llamada “red mixta” de servicio público y de interés social, propuesta desde los sectores conservadores.

No todos decimos lo mismo al referirnos a la calidad en la educación. Las políticas conservadoras conciben la calidad como una cuestión esencialmente propagandística. Por eso rehúyen el análisis de los problemas y recurren a "indicadores" abstractos o verdades a medias que justifican las propuestas de un supuesto evaluador.

La escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años en un sistema común, generalista e integrador es un avance irrenunciable para una sociedad más justa, culta y equitativa. 

1.1.- Enseñanza comprensiva y calidad. 

Han de acabar las prácticas ejercidas en instituciones financiadas con fondos públicos que seleccionan al alumnado y provocan la concentración de los problemas en determinados centros. Con fondos públicos no se pueden financiar escuelas con idearios que no respetan el carácter laico o aconfesional del estado. Esa financiación sólo pueden aceptarla quienes, desde postulados neoliberales, consideran que el sistema público debe y puede competir con el privado.

Separar una formación más académica de otra más práctica o profesional es una regresión que no se adecua a una educación integral ni tampoco a las necesidades del mercado laboral. Frente a los modelos restrictivos hay que impulsar modelos flexibles en los que quepan diferentes formas de participación y progreso. Es necesaria una flexibilidad que dé cabida a la diversidad de estudiantes y responda adecuadamente a las posibilidades desiguales que tienen para alcanzar los mínimos establecidos. En las etapas de escolarización obligatoria hay que adaptar el proceso educativo a la diversidad de todo el alumnado para optimizar los resultados y superar las desigualdades. La escolarización en unidades y centros especiales sólo se debe acometer cuando lo requieran las propias necesidades del alumnado.

Un nuevo modelo de sociedad exige un nuevo modelo de enseñanza. Al alumnado que ya puede acceder al mundo laboral se le ha de permitir salir y regresar al sistema escolar y alternar periodos de escolarización con otros de trabajo. Se debe estudiar incluso que el sistema público pueda establecer medidas compensatorias para los alumnos “con retraso” fuera del tiempo y/o el calendario escolar. Todo ello exige inversiones importantes tanto en formación del profesorado como en recursos humanos y materiales.  

1.2. Medidas para una enseñanza de calidad. 

a) Desde el inicio de la escolaridad, se debe garantizar una atención más personalizada y una compensación de las desigualdades educativas de partida que genera nuestro modelo social. En esta dirección, hay que:

  • Posibilitar la apertura de los centros públicos fuera del horario lectivo y asignar los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades —concretado por el respectivo consejo escolar— que comprenderá, al menos, un servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, apertura temprana, comedor, actividades deportivas, lúdicas, de ocio, formativas y culturales.
  • Establecer planes de acogida e inmersión lingüística para el alumnado inmigrante. Esta atención se desarrollará en los propios centros por profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su escolarización en grupos ordinarios. Entre los recursos humanos destinados a estos planes podrá contarse además con trabajadores sociales que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.
  • Elaborar planes específicos de compensación para aquellos centros que escolaricen alumnado de minorías étnicas, estableciendo cauces de colaboración con las familias y los servicios de asistencia social. Se establecerán planes para garantizar la continuidad de la escolarización en la enseñanza básica del alumnado cuyas familias tengan un trabajo itinerante,
  • Suprimir todas las trabas que impiden al alumnado inmigrante, sea cual sea su situación familiar, obtener las titulaciones correspondientes a los estudios realizados.
  • Establecer un sistema de becas y ayudas al estudio que contribuyan a compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de la familia. El sistema garantizará la extensión y suficiencia de recursos para que toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de estas prestaciones.
  • Potenciar la  atención tutorial, completar los equipos de los departamentos de  Orientación e impulsar las actuaciones de Educación Compensatoria.
  • Favorecer los desdoblamientos de los grupos y las agrupaciones flexibles. Fomentar las actividades de apoyo y refuerzo con el alumnado y de recuperación de asignaturas no aprobadas.

b) Incrementar la oferta de  materias optativas —para responder a los intereses plurales del alumnado— y con distintos niveles de complejidad. Esto permitirá la oferta de determinados refuerzos instrumentales. Para que la oferta de optativas no se ciña exclusivamente a las disponibilidades del profesorado hay que dotar a los centros del personal docente que cubra las necesidades educativas. 

c) Considerar simultáneamente el cuarto curso de la ESO como finalización de una etapa educativa y como preparación para los estudios superiores. Para ello se debe establecer un cuadro de materias optativas que permitan culminar la formación del alumnado y que al mismo tiempo preparen adecuadamente para seguir las opciones de Bachillerato o de Formación Profesional.

d) Reducir el número de estudiantes por grupo (no confundir con la ratio profesor/alumnos) y el número total de  estudiantes que ha de atender un profesor o profesora.

e) Potenciar la motivación del profesorado con mejoras de sus condiciones laborales: acceso a la función docente, reconocimiento de las tutorías y las funciones de coordinación en los centros, reducción de la  docencia directa al profesorado mayor de 55 años.

f) Asegurar la configuración de claustros estables y reducción de la inestabilidad del profesorado (desplazados, expectativa...).

g) Establecer plantillas mínimas de profesorado para los distintos tipos de  centro. Adecuar las plantillas a las necesidades educativas de cada centro

h) Impulsar un nuevo modelo de formación del profesorado y acceso a la  función docente. La formación inicial ha de llegar al grado de licenciatura en Magisterio y la necesaria formación pedagógica previa para la enseñanza Secundaria. El acceso debe ser diferenciado y ha de evaluarse prioritariamente la  práctica docente. La formación permanente ha de ser gestionada democráticamente y fundamentarse en las necesidades de los centros educativos y los grupos de  trabajo, seminarios, etc.

i) Garantizar la  autonomía de los centros educativos, con oportunidades para impulsar sus proyectos educativos. Esto exige a su vez:

  • Desarrollar una política adecuada de plantillas de profesorado. En este sentido, hay que contemplar: desdoblamientos flexibles, apoyo dentro y fuera del aula, horas de atención suplementarias, refuerzos en materias específicas, impulso a  la labor tutorial, incremento de la optatividad, dotación completa de los departamentos de  Orientación... La  política de  plantillas debe adecuarse a las necesidades educativas de cada centro y no al contrario. No es admisible que el desarrollo de un proyecto educativo quede estrangulado por la disponibilidad horaria del equipo docente.
  • Dotar los centros de los recursos materiales necesarios. Participación democrática de la comunidad educativa —sin imposición de liderazgos externos— en la  gestión del centro.
  • Reducir la burocracia. Los documentos que se elaboren en el centro educativo deben responder a sus necesidades.
  • Corregir en algunos centros la concentración del alumnado con mayores dificultades. La enseñanza pública no puede convertirse en la depositaria del alumnado rechazado por la enseñanza privada (problemáticos, reacios al sistema escolar, etc.). Debe garantizarse que ningún centro sostenido con fondos públicos seleccione a su alumnado.
  • Mejorar la  infraestructura de los centros (talleres, aulas específicas...), porque el espacio para las actividades educativas facilita o dificulta el aprendizaje y la convivencia.
  • Impulsar planes de  mejora de la convivencia en los centros y en las actividades complementarias y extraescolares. Los sentimientos positivos del alumnado hacia el centro educativo son importantes porque si los y las estudiantes desarrollan lazos fuertes con otros compañeros y con profesorado es más probable que mejoren sus resultados. Rendimiento y  actitudes hacia la escuela mantienen pues relaciones recíprocas: a los estudiantes les gusta lo que hacen bien y hacen bien lo que les gusta.
  • Implicar a otras instituciones para la resolución de problemas que no tienen su origen en el marco escolar. Apoyar a los centros mediante profesionales especializados en el campo social.

j) La aplicación técnica y didáctica de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deber ser un objetivo prioritario de mejora del sistema educativo. Para ello urge:

·       La generalización y aplicación de materiales de software educativo a escuelas e institutos.

·       La actualización pedagógica de las prácticas educativas con orientaciones de competencia tecnológica en las TIC dirigidas al profesorado y al alumnado

·       El impulso a programas de formación que incidan en las comunicaciones mediáticas y su análisis crítico.

·       El estímulo a la formación de equipos educativos que articulen en red el trabajo de software educativo en todas las áreas.  

2. UNA ENSEÑANZA DEMOCRÁTICA 

La devaluación de la enseñanza democrática ha sido un objetivo central de los gobiernos del PP. Siguiendo las directrices neoliberales de trasladar a los sistemas públicos los esquemas de la iniciativa privada, los gobiernos conservadores pretenden desarrollar los ejes de la “eficiencia de gestión”, que asimilan la educación con el comercio. Con ello se intenta crear una burocracia con bajo presupuesto, construir un grupo cercano y dependiente de la Administración, con un talante más “comprensivo” ante sus medidas, difusor y controlador de lo que en cada momento le convenga al Gobierno.

Por desgracia, estas ideas, que establecen la dependencia de los cargos directivos —inspección, dirección y equipos directivos de los centros— de sus superiores jerárquicos ya habían sido impulsadas por el anterior Gobierno del PSOE a través de la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros (LOPEG). Estas medidas se complementaron con otras que conducen a un mayor fraccionamiento del profesorado a través de nuevas escalas retributivas o la creación de nuevos cuerpos docentes, como el de catedráticos.


2.1. Profundizar en la democracia participativa. 

Para STEPV-Iv, un objetivo prioritario es el de avanzar en la democratización del sistema educativo. Partiendo de la recuperación de las competencias de los consejos escolares, de su derecho a la elección directa de los equipos directivos, hay que profundizar en la vida democrática de los centros y combinar formas de la democracia representativa con la democracia participativa. Hay que avanzar en la paridad de los diversos sectores de los consejos de centro y municipales, entre otros, aprendiendo, mediante unos presupuestos participativos, a definir prioridades y luchar por los aspectos importantes para la comunidad escolar, plantear proyectos, organizar el debate y ejercer el derecho a decidir la distribución de los recursos públicos. Este proceso —que contribuirá a reincorporar a la participación a aquellos sectores que la han abandonado por considerar la inutilidad de su esfuerzo—, favorecerá la consolidación de una nueva cultura política en los municipios donde cobre pleno sentido el concepto de ciudad educadora.  

2.2. Frenar la privatización. 

STEPV-Iv ha manifestado en reiteradas ocasiones que sólo la Enseñanza Pública es la garantía de una enseñanza democrática, igualitaria, integradora y de calidad para todos y todas. Con el paso de los años se ha subvertido el pacto constitucional por la Educación que supuso el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, una cuestión que sigue vigente cuando se pretende que las administraciones públicas financien el cien por cien de lo que se afirma debe ser el módulo de concierto, que incluye diversos y variados conceptos, como transporte escolar o comedor, y supone la financiación pública en centros privados de servicios que no están generalizados en los públicos.

La  educación de calidad es incompatible con la profundización en el desequilibrio de las redes pública y concertada. La  educación de calidad precisa de inversiones en la enseñanza pública y, mientras existan los conciertos, hay que exigir a la privada que se atenga a la legalidad y a las mismas condiciones del sector público de admisión del alumnado y de tratamiento de la diversidad, de selección del profesorado y de funcionamiento democrático, de infraestructura y dotaciones de los centros,  así como del carácter aconfesional de la enseñanza.

Por ello, en la perspectiva de recuperar para la enseñanza pública los fondos del estado con los objetivos apuntados, propugnamos:

  • Los conciertos educativos se aplicaran exclusivamente a los tramos obligatorios.
  • Antes de concertarse una nueva unidad ha de garantizarse que no existen plazas libres o demanda de escolarización en los centros públicos de la zona.
  • Debe terminarse con la práctica generalizada por parte de la inspección educativa de dar el visto bueno a las continuas peticiones de aumentos de ratio, y respetar escrupulosamente las ratios máximas establecidas.
  • Deben establecerse fórmulas de control y gestión democrática de los centros concertados, suprimir cualquier barrera selectiva en los procesos de selección del alumnado, eliminar las prácticas generalizadas de subversión de los datos de acceso a los mismos y reservarse, en la práctica, las plazas que se determinen con el fin de admitir las incorporaciones producidas durante el curso escolar.
  • En ningún caso el ideario o proyecto educativo de los centros concertados supondrá la discriminación del alumnado, y deberá estar sujeto a la Constitución y al carácter aconfesional del estado.
  • Todos los centros concertados que cumplan la legislación deberán equiparar las condiciones económicas y laborales de su profesorado al de la enseñanza pública y no podrán llevar a cabo con financiación pública servicios o actividades inexistentes en la enseñanza pública. En los tramos no obligatorios las patronales deberán garantizar esta equiparación.
  • Los centros que cumplan los requisitos antes señalados —mientras se buscan fórmulas que los aproximen totalmente a la red pública— deben equiparar las condiciones de trabajo de su profesorado y regular las condiciones de la oferta de actividades educativas complementarias.
  • Los centros que no cumplan las condiciones establecidas dejarán de disfrutar el régimen de conciertos y pasarán a ser totalmente privados.

2.2. Nuevas formas privatizadoras. 

En la educación, a diferencia de otros sectores productivos, se desarrollan diversas acciones para atraer las estrategias del mercado. Desde iniciativas como la del Ayuntamiento de Valencia que entregó a la patronal la red municipal de escuelas infantiles, a la política de Tony Blair, sin escrúpulos para vender todo centro público que no alcance los estándares establecidos por su gobierno, existe un extenso abanico de posibilidades. Posibilidades que se mueven en torno a un fabuloso tesoro equiparable al del mercado del automóvil, y ante las que hay que permanecer alerta para analizarlas y combatirlas. Entre esas posibilidades conviene destacar algunas:

  • La delegación de servicios complementarios que han transformado el carácter educativo de los comedores escolares o han trasladado las actividades de tiempo libre o “extraescolares” en campo de acción de empresas de “animación socio-cultural”.
  • La expectativa que se genera en torno a la utilización de la informática educativa como plataforma publicitaria para el consumo familiar de este sector. Todo ello sin que los centros cuenten con una dotación mínima de personal o de fondos para el mantenimiento y recursos al servicio de una enseñanza de calidad.
  • El patrocinio o esponsorización de actividades para campañas publicitarias encubiertas de propuestas didácticas o, por ejemplo, los acuerdos de exclusividad con determinadas marcas para instalar máquinas expendedoras de bebidas en los centros.
  • Las propuestas de gratuidad de los libros de texto no deben permitir el beneficio de las grandes empresas editoriales ni un aumento del desvío de recursos públicos al sector privado.
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3. UNA ENSEÑANZA LAICA 

El estatus de la religión en nuestro ambito escolar dificilmente casa con la solemne declaración de la Constitución Española, que establece en su artículo 16.3 que ninguna religión tendrá carácter estatal. Es dificil encontrar un caso idéntico al español en otros países de la Unión Europea: salvo en Irlanda y Grecia no hay ninguna asignatura de religión o alternativa evaluable con el mismo horario que las restantes materias y contenidos controlados y supervisados por la autoridad de una confesión religiosa.

STEPV-Iv defiende un modelo de enseñanza laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la aceptación de la diferencia y la diversidad, en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Proponemos una enseñanza en la que se sientan cómodos tanto el alumnado no creyente como el creyente de las diversas religiones o creencias.

Un sistema público de enseñanza debe abogar por una educación de carácter científico que excluya de sus currículos cualquier asignatura de carácter confesional, pues con ello traiciona uno de los principios que lo legitiman institucionalmente.

El marco vigente que ampara la enseñanza de la religión, el Concordato entre el estado español y el Vaticano, se firmó tres días después de que se sancionase la Constitución española, un aspecto que ilustra acerca de su redacción anterior o en paralelo al texto legal que lo acogería. En este marco, el Gobierno de la UCD estableció que la asignatura de religión contaría con una materia alternativa en pie de igualdad con ella a la que se denominó “Ética”.

La LOGSE es la primera ley orgánica que reforma, aunque tímidamente, este estado de cosas. La “alternativa” cambia su estatuto pues deja de ser considerada como asignatura, y al alumnado que no quiere recibir adoctrinamiento religioso en horario lectivo no se le impone una materia evaluable a modo de penitencia (la antigua Ética). Respecto a la asignatura confesional, los cambios establecen que no tendrá efectos para el acceso a la universidad ni para la promoción de curso.

Sin embargo, esta no era la situación deseada pues, por un lado, las y los estudiantes que no se matriculasen en religión se convertían en rehenes para tratar de evitar la deserción masiva de las aulas confesionales, y permanecer en los centros mientras sus compañeros estaban en clase con el profesor o la profesora designada por el obispado. Por otro lado, se vulneraba el artículo 16.2 de la Constitución al verse obligados, tanto familias como alumnado, a declarar sobre sus creencias religiosas en el momento de cumplimentar el impreso de matrícula en su centro, una huella que quedará indeleble en su expediente académico. Finalmente, las calificaciones de las enseñanzas confesionales —normalmente muy generosas, por presiones del obispado y para mantener la clientela— tenían validez para acceder a becas e ingresar en centros de carácter no universitario. Esta situación de privilegio le pareció insuficiente a la jerarquía católica que, con la colaboración del Partido Popular, consiguió reintroducir en la LOCE la alternativa a la enseñanza de la religión y recuperar así su antiguo estatus de asignatura.

STEPV-Iv entiende que la paralización del calendario de aplicación de la LOCE es una medida insuficiente, como lo es el regreso a la situación dibujada por la LOGSE. Ha llegado el momento de que el estado español revise el Concordato con la Iglesia Católica y tenga la oportunidad de aprobar una legislación educativa regida por la razón y en consonancia con la aconfesionalidad que contempla la Constitución. Hay que poner fin a la presencia y al trato de privilegio otorgado a la religión confesional en el marco escolar, un aspecto que contradice los principios democráticos que exigen la separación de los ámbitos públicos, comunes a todos los ciudadanos, y los propios de las convicciones y creencias personales. Cualesquiera que sean los niveles de rectificación legal precisos, ha de prevalecer la neutralidad del estado y el respeto a la libertad de conciencia de todo el alumnado, sin privilegio alguno. En el espacio común educativo, la religión —como materia específica y en sus distintas expresiones confesionales— no puede formar parte del currículo escolar. En todo caso, la oferta transitoria en los centros educativos sólo puede afectar, exclusivamente, a las alumnas y alumnos que la demanden expresamente, sin ninguna alternativa curricular.

Hoy más que nunca exigimos que la enseñanza sea un espacio público. El adoctrinamiento religioso o ideológico ha de situarse fuera de la institución escolar. Por ello:

·       La religión debe salir del entorno de la enseñanza pública. Las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y, por tanto, la enseñanza de las religiones ha de quedar al margen de la enseñanza obligatoria y del currículo escolar.

·       Exigimos la derogación de los acuerdos con el Vaticano.

·       Exigimos que el Gobierno no financie con dinero público el adoctrinamiento religioso.  

4. EL PROFESORADO 

4.1. Un nuevo perfil del profesorado. Dignificar la labor docente. 

El modelo alternativo de Enseñanza Pública que defendemos hay que construirlo mediante la reflexión, el intercambio de experiencias y el debate profesional y social. La nueva Enseñanza Pública va ligada a un perfil del profesorado comprometido con su profesión, un profesorado que investiga y reflexiona sobre su práctica, que la teoriza y que actúa de manera activa y creativa en un determinado contexto no exento de complejidad. Se trata de un profesional con capacidad para tomar decisiones desde criterios personales y autónomos.

Para acercarse a este modelo ideal es preciso desplegar un conjunto de medidas que recuperen el prestigio de la función docente y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, entre otras.

Entre los objetivos a conseguir cabe destacar:

·       Asegurar un nivel aceptable de estabilidad en las plantillas, dado el alto porcentaje actual y la situación laboral precaria que padece el profesorado interino y el que se encuentra en expectativa de destino o desplazado.

·       Mejorar sustancialmente las condiciones laborales en las que se ejerce la docencia: número máximo de alumnos por docente; reconocimiento profesional y económico; refuerzo de personal de administración y servicios, descarga progresiva de horas lectivas a partir de los 55 años; promoción profesional horizontal, etc.

·       Acabar con el carácter voluntarista de las actividades del profesorado desarrolladas fuera de su horario laboral. De igual modo, la reducción de la carga lectiva permitirá una mayor dedicación en departamentos, grupos de formación, etc.

·       Incentivar la estabilidad del profesorado con el fin de potenciar grupos de trabajo y proyectos de formación de centro o comarcales.

·       Incentivar proyectos colectivos con acciones que estimulen tanto la innovación educativa como la formación en los propios centros.

·       Dotar a los centros de los recursos materiales y personales que estimulen la introducción de propuestas didácticas innovadoras y trabajos cooperativos que dinamicen las estructuras organizativas del centro.

·       Superar la falsa concepción de que el profesorado es un simple ejecutor técnico de las prescripciones de otros. Cuestionar la actual concepción del currículo y, frente a la política que deja la programación en manos de las editoriales, potenciar la flexibilidad de los programas y promover la experimentación y adopción de proyectos curriculares alternativos. Facilitar la difusión de las experiencias y materiales de los grupos, seminarios y movimientos de renovación pedagógica (MRP).

·       Recuperar la autonomía de los Centros de Formación y Recursos Educativos (CEFIRE) y dar garantías para que su gestión económica y organizativa esté al servicio de las necesidades de los colectivos sociales y educativos de su entorno. - Ligar la actividad de formación permanente del profesorado a los centros de trabajo, una formación coordinada democráticamente con otros centros, grupos y seminarios.

 4.2. La formación del profesorado. 

Afrontar la reforma de la formación inicial y permanente del profesorado es una necesidad imperiosa. La actual formación inicial del profesorado de Educación Infantil y Primaria mantiene el nivel de diplomatura —una exigencia inferior a la mayoría de los países de la OCDE— y sigue fomentando la creencia de que para educar al alumnado más pequeño se necesita una menor cualificación que para hacerlo con los mayores. En relación a la formación pedagógica del profesorado de Secundaria, la LOGSE planteó un análisis útil y una buena base para su transformación, pero ni las voluntades ni los medios abordaron los cambios necesarios en la etapa que mayor complejidad educativa iba a soportar.

Es necesario modificar el actual sistema de acceso a la función docente, un sistema que debe contemplar el acceso diferenciado del personal interino y que debe valorar fundamentalmente su práctica docente y la prestación de servicios.

La formación permanente o continua, una herramienta clave para mejorar la calidad de la profesión docente y la calidad educativa, ha de ser considerada un derecho y un deber de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la enseñanza. La Administración debe ofrecer una formación de calidad y gratuita a todo el personal docente sin exclusión —sea cual sea la situación administrativa o contractual— y garantizar que se realiza en el horario laboral y cerca del centro de trabajo. 

4.3. Apoyar la Renovación Pedagógica. 

La lucha por una Enseñanza Pública, Democrática, Popular y Valenciana ha orientado, ha dado contenido y ha abierto perspectivas a las pedagogías más vanguardistas, renovadoras y comprometidas desarrolladas en nuestras aulas. Sin embargo, esta referencia no ha estado ni es aún una realidad extendida en la  vida educativa. Los contenidos plurales de estas pedagogías no han orientado las políticas educativas y muchos de sus retos y aspiraciones siguen pendientes.

Cuando el neoliberalismo crea mercado y extiende sus tentáculos en todas las esferas sociales, también en educación hace falta redefinir el actual contexto social y educativo y atreverse de nuevo a extraer conclusiones que nos orienten y nos permitan avanzar.

·       Los MRP y las Escuelas de Verano representan para nuestra organización un modelo de formación permanente en el cual se unifican voluntades y fuerzas para aprender a construir una escuela alternativa. Estos espacios autónomos teorizan las prácticas educativas, buscan la unión con otros movimientos sociales progresistas y estudian y ponen en práctica las corrientes pedagógicas de vanguardia tan necesarias para una enseñanza transformadora. Se trata, en definitiva, de avanzar por los caminos teóricos y prácticos para construir una Escuela Popular y Valenciana.

·       La Administración debe apoyar de manera diferenciada y con recursos humanos y materiales suficientes las tareas que realizan los grupos, seminarios y MRPs, difundir sus iniciativas y estimular al profesorado para que se incorpore activamente a los colectivos de renovación e innovación pedagógicas. 

5. LA EDUCACIÓN INFANTIL  

El tramo entre 0 y 6 años es una etapa educativa con carácter propio que denominamos Educación Infantil.  En esta etapa, las escuelas han de ubicarse en espacios de uso exclusivamente educativo y con acceso directo desde el exterior. Escuela y trabajo familiar ha de estar marcadamente diferenciados porque la educación de las niñas y niños no puede estar en función del trabajo de la familia.

En relación a las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de Educación Infantil reivindicamos:

·       Todas las aulas deben tener un mínimo de 30 m2 como regula la LOGSE. Una superficie óptima sería de 30 m2 para las aulas de bebés de 0 a 1 año, y de 40 m2 para los grupos de 1 a 3 años. Todas las salas deben tener salida directa al patio. - La sala de usos múltiples debe disponer como mínimo de 60 m2. Además, para las actividades al aire libre es preciso disponer de un lugar cubierto o porche.

·       Para todos los grupos de 0 a 6 años ha de existir, además del aula, tres áreas bien diferenciadas para el descanso, la alimentación y la  higiene.

·       El jardín o patio de juegos de la escuela ha de contar con una superficie mínima de entre 100 y150 m2 y disponer de zonas bien diferenciadas de sol y  sombra, arena y pavimento, zona de agua y vegetación.

·       No se puede admitir que existan escuelas sin jardines o espacios exteriores. Hay que descartar rotundamente que este espacio sea sustituido por otro al aire libre, pero que no pertenezca a la escuela. La plaza pública del barrio no debe sustituir al patio de la escuela.

·       La red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea de Educación estableció en 1996 una serie de propuestas para desarrollar los objetivos de calidad en los servicios infantiles. Entre ellas, el número máximo de alumnos por aula es: de 0 a 1 año, cuatro; de 1 a 2 años, seis; de 2 a 3 años, ocho; de 3 a 6 años, quince.

·       Los centros de Educación Infantil en los que se impartan los dos etapas de este nivel educativo deberán contar con los ciclos completos, es decir, con un mínimo de seis unidades, tres en cada ciclo.

·       Todas las personas que se dedican a educar en la etapa de Infantil han de disponer de la titulación de maestro/a.

·       Debe diseñarse un plan de formación permanente y de asesoramiento para las escuelas infantiles y para el personal que trabaja en ellas.

·       Hay que abrir un debate en los centros y en el sistema educativo sobre la dotación de personal auxiliar especialista en los centros de Educación Infantil.

·       Los gobiernos conservadores defienden la extensión de los conciertos y las subvenciones a centros privados con el segundo ciclo de Infantil y ofrecen ayudas económicas para las familias con hijos escolarizados en el ciclo 0-3, con el pretexto de posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, lo que estas medidas pretenden realmente es concentrar en manos privadas la oferta de atención a la infancia. La estrategia consiste —mientras se impide que la red pública disponga de más plazas o cuente con medios suficientes— en potenciar la implantación de centros privados que extiendan su oferta educativa desde 0 hasta los 16 años

·       Los poderes públicos, atendiendo al derecho a la educación de todas las personas, tienen la obligación planificar este servicio con una oferta pública que garantice el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas de 0 a 3 años. La conciliación de la vida laboral y familiar es un derecho de las personas adultas que no debe solapar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, al margen de que su escolarización sea o no obligatoria.

 6.  LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

 Una Formación Profesional acorde con el modelo educativo que propugnamos requiere la reforma de la Ley Orgánica de 19 de junio de 2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Su marginación supondría el olvido para una etapa educativa y formativa que, caso de integración real y práctica de los tres subsistemas existentes, puede llegar a afectar a más de 15 millones de personas.

Esta ley tiene el dudoso honor de tener en su haber tres récords: las nueve enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso; los 25 segundos que tardaron los senadores del PP en rechazar en ponencia; las 227 enmiendas que presentó la oposición; y haber sido tramitada con carácter de urgencia, lo que la ha convertido en una perfecta desconocida. Toda la oposición al Gobierno calificó el proyecto de centralizador y homogeneizador; de carecer de financiación; de antidemocrático por su modelo de gestión para los centros llamados de "referencia"; de ignorar las cuestiones curriculares y pedagógicas. Los portavoces políticos también coincidieron en calificar a esta ley de obsoleta, de representar una vuelta atrás en la concepción de una FP dirigida al alumnado que ha fracasado en la Educación Secundaria Obligatoria.

STEPV-Iv y la Confederación de STE-i son las únicas organizaciones sindicales que se opusieron a esta Ley. Participando de las críticas expuestas, hemos denunciado —antes, durante y tras su tramitación parlamentaria— que la Ley representa un intento claro de privatizar la FP al equiparar la validez de las cualificaciones obtenidas en el mundo laboral con las titulaciones académicas. De esta forma se desvaloriza la FP inicial-reglada, y se desprecian los contenidos humanísticos. Se infravalora también la función docente, pues el profesorado verá cómo se regalan títulos equivalentes académica y profesionalmente a los estudios que su alumnado tarda dos cursos en conseguir tras la adquisición de conocimientos de todo tipo.

Esta ley convierte estos estudios en un gran negocio con cargo a los fondos públicos estatales y europeos, puesto que permite que empresas y academias de todo tipo impartan enseñanzas privadas de FP. No se integran ni se ordenan los tres subsistemas existentes, se supedita la FP reglada al mundo empresarial y a las cualificaciones, y se permite la explotación laboral de las personas que opten por el camino más corto, el de la cualificación profesional, para, obtenida ésta, buscar un trabajo remunerado dignamente.

Hay que exigir al nuevo Gobierno y a los partidos políticos que se opusieron a la Ley que en el ámbito educativo presten una atención preferente a la FP, que se paralice la aplicación de la norma y que, tras un proceso de negociación, se redacte un nuevo proyecto que dignifique definitivamente estos estudios, que integre verdaderamente los tres subsistemas existentes y que considere al centro educativo como el eje de toda la FP, como ha reclamado el Pleno del Consejo Escolar del Estado.

Una nueva Ley de FP debe contemplar los objetivos siguientes:

- Los dineros públicos han de destinarse a la FP pública reglada, al servicio del desarrollo personal de los alumnos, que no abandona su dimensión educadora.

- Ha de existir una oferta ampliada y con un tratamiento equitativo de todas las familias profesionales en función de  su rentabilidad social y no de la  rentabilidad inmediata de las empresas.

- Ha de establecerse un control público de otras actividades formativas de FP, con capacidad pública exclusiva sobre títulos y certificados profesionales.

- Debe garantizarse una oferta pública amplia y diversificada de la FP para adultos y en modalidad presencial. Han de potenciarse los estudios de FP en régimen nocturno.

- Ha de garantizarse el derecho del profesorado a un perfeccionamiento y una  formación basados en la práctica del aula y del taller, e integrados en la jornada laboral.

- Debe diseñarse y ponerse en práctica una formación y orientación laboral que impulse una cultura sindical solidaria y participativa en el mundo laboral.

- La formación profesional ha de estar arraigada en el propio medio lingüístico y  sociocultural, y debe promover el equilibrio ecológico y del medio rural, el bienestar social y la compensación de desigualdades de todo tipo.

 7. LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

La Ley Orgánica de Universidades (LOU), ataca frontalmente la autonomía universitaria, fundamento de la libertad de docencia, estudio e investigación, imprescindible para una sociedad democrática, y la debilita hasta alcanzar un punto crítico, supeditando la institución universitaria clara y coherentemente a los intereses de las clases dominantes del sistema globalizador imperante.

Por ello, ante el anuncio de la Secretaría de Estado de Universidades de que el Gobierno acometerá la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) tan sólo en aspectos muy concretos y específicos y que no procederá a abrir un período constituyente, tenemos que recordar que las movilizaciones y protestas contra la LOU, que culminaron con una gran manifestación en Madrid, han sido las más intensas, numerosas y unánimes del periodo reciente, tras las realizadas contra la guerra de Iraq, y un factor clave en la pérdida de apoyo social del anterior Gobierno, especialmente entre la juventud. La unanimidad en el rechazo frontal y total a la LOU no puede ni minimizarse ni ser olvidada por un Gobierno que participó plenamente en esas amplísimas protestas.

La aparente acomodación a la ley a través de la  aprobación de los Estatutos de las diferentes universidades no es, por tanto, la solución. Exigimos, por coherencia con nuestra postura en todo este proceso y por el bien de la Universidad, la completa derogación de la LOU y la elaboración de un proyecto alternativo que recoja las posiciones mantenidas en la comunidad universitaria durante las movilizaciones. Un proceso que ha de contar con los apoyos sociales, académicos y políticos adecuados, y  negociado con los sindicatos representativos.

 STEPV-Iv reitera, por tanto, los criterios expuestos durante el período de lucha contra aquel proyecto:

 Autonomía universitaria.  

  • Derogación de todos los preceptos que supongan una injerencia abusiva por parte de las administraciones públicas y otras instancias sociales en la gestión y toma de decisiones en las universidades.
  • Modificación de las competencias y funciones de los consejos sociales, diseñados para controlar políticamente y económicamente las universidades.
  • Control democrático de la gestión de las universidades.
  • Gestión democrática a las Universidades.
  • El claustro debe volver a ser el máximo órgano de decisión de las universidades en todo tipo de ámbitos, económicos, académicos y de organización.
  • El rector debe ser elegido por el claustro.
  • Todos los miembros de los diferentes estamentos deben ser tratados en términos de igualdad para participar en la toma de decisiones y para formar parte de los diferentes órganos. Se debe acabar con la proporción privilegiada del profesorado funcionario doctor para formar parte del claustro universitario o para elegir rector.

Evaluación y acreditación del profesorado. La habilitación nacional. 

  • La acreditación de las personas candidatas a figuras contractuales laborales de profesorado debe consistir en la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos para cada una de ellas. Rechazamos, por lo tanto, que sean agencias externas centrales o autonómicas las encargadas de hacerlo.
  • El sistema de habilitación “nacional” no ha supuesto más que un grave tropiezo para la funcionarización del personal y un trámite centralista inútil, y difícilmente hace compatible la existencia de un profesorado vinculado a la sociedad, cultura y lengua propias del contexto de cada universidad.
  • No a la desvinculación de la universidad de origen a la que vienen siendo obligados los ayudantes y asociados para poder ser contratados como profesores ayudantes doctores. La desvinculación es lisamente un mecanismo de desvertebración de equipos de trabajo docente e investigador.
  • Consejo de Coordinación Universitaria.
  • El Consejo de Coordinación Universitaria, diseñado como el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario, no debe admitir la intervención de intereses privados en la coordinación y regulación del sistema público.
  • No a las competencias exageradas y abusivas ahora vigentes, que interfieren en el funcionamiento de las universidades y en las competencias de las Comunidades Autónomas.
  • Orientación de la búsqueda y de la docencia en la Universidad.
  • La actividad docente e investigadora debe proyectarse sobre la sociedad sirviendo, sobre todo, los intereses generales. La LOU esconde una manifiesta concepción mercantilista y privatizadora de la actividad universitaria en lo concerniente al producto final (investigación y graduados).
  • Las universidades deben producir equilibradamente tanto investigación básica como aplicada.
  • El espacio europeo de los estudios universitarios se debe orientar bajo criterios de racionalidad y no puede ser una excusa para homogeneizar todas las titulaciones con criterios finalistas orientados a responder a unas supuestas necesidades de mercado, que vienen determinadas por los grupos de presión dominantes.

Régimen de profesorado.  

  • El personal de los diferentes cuerpos, funcionarios y contratados laborales, ha de tener el mismo régimen laboral.
  • Ha de contemplarse la reducción de la carga docente (lectiva y tutorial) a partir de los 55 años.
  • Se ha de subsanar la situación de discriminación que sufren las personas que integran en la actualidad diversos colectivos como el cuerpo de TEUs.
  • Se debe posibilitar, en determinadas condiciones, la promoción del profesorado asociado a figuras estables y de dedicación exclusiva en la universidad. Se ha de prestar especial atención a la promoción del profesorado asociado proveniente de los cuerpos docentes no universitarios, en aquellas áreas que sea pertinente.
  • Las universidades deben tener la máxima competencia en el desarrollo de los aspectos correspondientes a selección de profesorado, estructura de plantillas, modalidades de contratación, permisos, licencias, años sabáticos, etc.
  • Sistema retributivo.
  • El personal de las universidades debe ser retribuido de manera digna, homogénea y uniforme.
  • El personal de las universidades (PDI y PAS) debe recuperar la pérdida del poder adquisitivo con un aumento lineal de sus retribuciones.
  • El complemento autonómico debe tener un componente básico que alcance a la inmensa mayoría del profesorado de manera digna y homologable a lo establecido en las diferentes comunidades autónomas.
  • Exigimos la constitución de las mesas sectoriales de Universidad en cada comunidad autónoma, para negociar las competencias retributivas y de régimen de profesorado atribuidas a cada una de ellas. Trabajamos por la negociación de convenios colectivos para el personal laboral (PDI y PAS) que contemple las mejoras antes reseñadas.

8. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

El valenciano es lengua oficial y, además, la  histórica “y  propia de nuestro pueblo, del cual constituye la más peculiar seña de identidad”, según reconoce el Estatuto de  Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV). Esta Ley declara que “la Generalitat Valenciana tiene un compromiso irrenunciable en la  defensa del patrimonio cultural de la comunidad autónoma y de una manera especial con la recuperación del valenciano”.

En los últimos años, sin embargo, la política educativa del Consell en relación con la enseñanza en valenciano sufre una preocupante paralización. No existe un impulso institucional global y  sostenido a favor del uso del valenciano. La lengua no recibe la protección que le reserva el Estatuto de Autonomía y la LUEV. Sólo el alumnado escolarizado en Programas de Enseñanza en Valenciano —una quinta parte del total— cumple preceptivamente esta Ley. En algunos casos, como en la ciudad de Alacant, el estancamiento es muy grave. Por otro lado, el conjunto de  centros privados del País Valenciano ha desterrado la incorporación del Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) y del Programa de Inmersión Lingüística (PIL), los únicos que por sus características garantizan una plena adquisición de la lengua propia.

Como consecuencia de todo ello se está consolidando la tendencia a configurar una doble red educativa, enseñanza pública en valenciano y concertada-privada en castellano. Además, la deficiente dotación a los centros de personal docente debidamente cualificado en el uso de la lengua por parte de la Generalitat conculca el derecho de las familias a recibir la enseñanza en valenciano y  provoca a menudo el desprestigio de esta modalidad educativa.  

Ante la actual situación del valenciano: 

·       Se debe reformar la LUEV para que la educación bilingüe sea asumida como modelo educativo propio de todo el sistema educativo valenciano.

·       Exigimos que se apliquen políticas lingüísticas efectivas, con la adopción de  medidas urgentes favorecedoras del incremento del uso del valenciano en todos los ámbitos de relación.

·       Continuamos reclamando la modificación de la  Ley de la Función Pública Valenciana con respecto a la competencia lingüística en valenciano. Esta medida debe extenderse a todos los servicios mantenidos con fondos públicos.

·       Hay que favorecer la representación social de la lengua. Exigimos medidas efectivas que faciliten los doblajes de todo tipo de producción audiovisual, la  valencianización de los medios de comunicación y de los recursos informáticos, la traducción de libros y todos aquellos factores que contribuyan al prestigio y a el uso del valenciano.

·       Exigimos, una vez más, la planificación de la oferta educativa en valenciano con previsiones a corto y medio plazo para generalizar la oferta educativa con programas PEV y PIL.

·       Dada la  cooficialidad del valenciano y del castellano, y del conocimiento que de las dos lenguas debe poseer todo el profesorado del País Valenciano —como determina el art. 23 de la Ley 4/1983—, y  con el fin de dar continuidad a los programas de educación bilingüe que el alumnado haya cursado en Educación Primaria, todo el profesorado de Secundaria que imparte docencia tanto en niveles obligatorios como no obligatorios, debe poseer la capacitación lingüística y técnica adecuada para impartir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

·       Exigimos la dotación a los centros públicos de recursos materiales y humanos que posibiliten la consolidación y generalización de los programas multilingües. Estos programas deben garantizar el dominio del valenciano como lengua propia.

·       Hay que generalizar la aplicación del PEV en Educación Infantil.

·       Para asegurar un adecuado conocimiento del valenciano en los Programas de Incorporación Progresiva, en la Educación Infantil se deben impartir en esta lengua un mínimo de 10 horas semanales. El área de Ciencias, Geografía e Historia —antes Conocimiento del Medio— debe impartirse en valenciano desde el primer curso de Primaria.

·       Para favorecer las transferencias lingüísticas en las tres lenguas del currículo en el aprendizaje de la lecto-escritura, hay que incorporar metodologías constructivistas.

·       En un plazo de tres cursos, los Programas de Incorporación Progresiva (PIP) en  todos los centros públicos de Primaria y Secundaria deben sustituirse por programas de enseñanza en valenciano (PEV y PIL).

·       Todos los institutos de Educación Secundaria han de ofrecer, cuando menos, un programa PEV.

·       Se deben promover y  potenciar planes de acogida para la población inmigrante. En momentos de afluencia migratoria, urge el acogimiento de estas personas en condiciones de dignidad, ofrecerles y facilitarles el acceso a los recursos básicos de bienestar, pero también del conocimiento del valenciano como lengua propia.

·       Hay que garantizar la aplicación de Planes de Normalización Lingüística en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

·       En los conciertos educativos se debe contemplar como requisito para obtenerlo el desarrollo de programas de enseñanza en valenciano.               

·       En  las zonas valencianohablantes, en un plazo de tres cursos, todos los centros públicos de Primaria y Secundaria deben sustituir los PIP por programas de enseñanza en valenciano.

·       Debe promoverse la aplicación de los Planes de Normalización Lingüística en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

·       En los proyectos de Educación Compensatoria, Innovación e Investigación Educativa ha de introducirse como requisito el tratamiento del valenciano.

·       En las zonas castellano hablantes, se impulsarán campañas de sensibilización y de promoción de la enseñanza en y del valenciano a toda la sociedad y se desarrollarán planes especiales de formación lingüístico-técnica para el profesorado.

·       En todos los centros sostenidos con fondos públicos se debe proceder a una introducción progresiva de los Programas de Incorporación Progresiva en los que, además del valenciano, se estudien en esta lengua y durante la escolaridad obligatoria tres áreas no lingüísticas.

 

9. SALUD LABORAL 

La Organización Mundial de la Salud  entiende por Salud Laboral un estado de  bienestar físico, mental y social, que supera la vieja concepción que la equiparaba a la mera ausencia de enfermedad. Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la prevención debe evitar o disminuir los riesgos del trabajo que puedan ocasionar daños en la salud de los trabajadores. El concepto de daño es fundamental para orientar el trabajo preventivo. Esta Ley supera la errónea identificación de daño con accidente cuando define por “daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.

STEPV-Iv reivindica el derecho a trabajar sin ningún riesgo, que el trabajo no cause ningún daño a los trabajadoras y trabajadores. El salario retribuye nuestra fuerza de trabajo, pero no nuestra salud.

La defensa de nuestra salud en el trabajo exige radicalmente el estricto cumplimiento de las obligaciones a las administraciones y patronales marcadas por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el resto de la normativa sobre seguridad y salud laboral.

El modelo alternativo de Escuela que defendemos debe ser satisfactorio para todo el profesorado y el personal que trabaja en la enseñanza pública, privada concertada y cooperativa. Para empezar a conseguirlo, tanto la Administración como las empresas deben incorporar:

·       Un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales que se integre en todas las decisiones administrativas y empresariales, y en todos sus niveles organizativos, desde el diseño de los centros, su organización, las relaciones dentro de la escuela y las interacciones con la sociedad.

·       El Plan de Prevención de riesgos laborales de cada centro y puesto de trabajo debe incluir:     

·       El compromiso, explícito y por escrito, de la administración educativa y de la empresa con la prevención y con la salud laboral.

·       La concreción de todos los medios que garanticen el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales: a) Para las empresas de más de 500 trabajadores y trabajadoras, el desarrollo inmediato y al completo de los propios Servicios de Prevención; b) En empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras, la designación de las personas delegadas de Prevención, así como el pleno funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud Laboral; c) La designación de una dirección o de personas responsables de la seguridad y salud laboral.

·       El establecimiento de sistemas eficientes de información, consulta y participación de los trabajadores y personas delegadas de prevención.

·       La concreción del sistema y contenido de la formación que la Ley establece.

·       El desarrollo de los dos instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención: la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

·       Un modelo de vigilancia de la salud que, sin renunciar a la revisión médica general, se oriente a prevenir los riesgos específicos y singulares de cada puesto de trabajo.

·       El control y la mejora de todos los procedimientos y del proceso, que deberá estar documentado, con las respectivas auditorías.

Se han de incluir cambios en los puestos de trabajo,  para adaptarlos en su caso a las mujeres y a las personas sensibles a determinados riesgos (discapacitadas, madres, alumnado y trabajadores menores, etc..).

También se han de extraer conclusiones de estudios epidemiológicos y —mientras se mantiene el obsoleto el sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales— proceder al reconocimiento formal de las enfermedades propias de la profesión docente.

Las medidas necesarias para mejorar los niveles de seguridad y salud laboral abarcan desde la democratización en la gestión —que favorece que las  relaciones humanas sean más saludables— hasta el reconocimiento del trabajo docente, la estabilidad en el trabajo o la instauración del año sabático, por ejemplo.

STEPV-Iv, a través de sus delegados y delegadas de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud Laboral, sigue comprometido en la mejora de las condiciones laborales físicas, psicológicas y sociales de todos los trabajadores y las trabajadoras sin cuya participación no será posible construir la alternativa al actual modelo.

 10. SIN FINANCIACIÓN NO HAY REFORMA EDUCATIVA

Pese a las recomendaciones de la Comisión Europea para el 2010, los porcentajes de los presupuestos destinados a Educación por el estado español han ido descendiendo, mientras se incrementaba el porcentaje de los fondos educativos dirigidos a sector privado. Si grave es que los presupuestos públicos actuales no bastan para desarrollar las necesidades de una reforma educativa en profundidad, aún lo es más que una parte de los recursos públicos destinados a la Educación se dediquen a financiar la enseñanza privada en régimen concertado, un sector que cada vez acoge a más centros de elite y que impone auténticas barreras que impiden el acceso a determinado alumnado (necesidades especiales de naturaleza física, económica, inmigrantes, etc.).

Toda reforma que pretenda ser eficaz debe ir acompañada de una ley de financiación que asegure la mejora de los centros públicos: instalaciones adecuadas a las nuevas necesidades, con recursos para una gestión eficaz; plantillas adecuadas; investigaciones que expliquen las causas del fracaso escolar; medidas para reforzar a los estudiantes con dificultades; actuaciones que permitan diversificar los currículos; materiales didácticos multimedia e interdisciplinares; recursos para la adecuada formación del profesorado; etc.

Un recorte del gasto público podría ser un elemento peligroso, porque supone delegar —como es el caso de la FP— mayores responsabilidades a las inversiones privadas y comprometer con ello un modelo social regido por la igualdad de acceso al aprendizaje permanente y una oferta de educación y formación de calidad.

El gasto educativo del estado español se encuentra aún lejos de la media del Consejo Europeo, especialmente en algunos indicadores: el abandono escolar prematuro; el alumnado que finaliza la enseñanza secundaria superior; la cantidad de licenciados y licenciadas en ciencia y tecnología; el volumen dedicado al aprendizaje permanente y a las competencias básicas, o el número de jóvenes de 15 años por debajo del nivel más bajo de aptitud para la lectura. Cabe concluir por todo ello que el estado español, además de cumplir con el objetivo inmediato de superar la media de la Unión Europea del gasto dedicado a la educación (en torno al 5%), debe tener en el horizonte próximo la aproximación al 7%, cifra en la que se encuentran los países con los sistemas educativos más avanzados.

 

País Valenciano, septiembre de 2004.

 

 

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