Medi ambient
Solidaritat i pau

El TLC UE-Colombia-Perú legalizará el expolio en los países suramericanos

Postura del MOVICE ante el Tratado de Libre Comercio, entre la Unión Europea-Colombia y Perú.

Explotació artesanal d'or en Colòmbia
Explotació artesanal d'or en Colòmbia
01 / 03 / 2012 | Intersindical

Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto
a los intereses y hábitos de mando de los opresores.

José Martí

Article de Mauricio Vidales, membre del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Capítulo Estado Español, País Valencià, i de l’àrea de Moviments socials de la INtersindical Valenciana. Publicat a Rebelión

ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN

En mayo de 2007, la UE inicia un proceso de negociación con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –Bolivia, Colombia, Educador y Perú-, eufemísticamente llamado Acuerdo de Asociación Regional. Subrayamos que ya el gobierno venezolano se había retirado de la CAN al considerar que esta agrupación subregional ya no se correspondía con los trazados fundacionales y mucho menos con los principios rectores de los procesos presentes que representan proyectos de integración latinoamericana como el ALBA y la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR). No nos explayaremos en este punto, porque no compete directamente al tratado al que nos referiremos, pero sí dejamos constancia de la trascendental importancia de estos procesos de integración regional en Latinoamérica y el Caribe. Retornando al tema que nos convoca, recordamos que “supuestamente tenía tres pilares: el diálogo político, el comercio y la cooperación; y como objetivo fundamental facilitar la integración regional andina”.(1)
Debemos acotar, que ya los parámetros que fundamentan los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) situaban en serias desventajas a los países del Sur frente a las potencias nor-occidentales, a pesar de ciertas aparentes concesiones estipuladas en “el Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE (SPG+) que condiciona las preferencias comerciales a la ratificación e implementación efectiva de 27 Convenciones fundamentales relativas a los derechos humanos y laborales, normas ambientales y principios de gobernanza” (2) estos “derechos de negociación” se eliminan con el TLC en cuestión, ya que no son incluidos en el mismo, mecanismos vinculantes específicos para que dichas normas sean aplicadas.
Es así, como muy pronto se fueron perfilando las verdaderas intenciones que en la práctica traerían como consecuencia todo lo contrario a los citados “tres pilares”, ya que el diálogo político y la cooperación al desarrollo quedarían supeditados a los intereses comerciales y la supuesta integración regional sería sólo una falacia más para intensificar la política de expolio que se ha llevado a cabo sistemáticamente en nuestro continente, no sólo en las últimas décadas con la sofisticación de la tecnología de las industrias extractivas y el criminal modelo neoliberal, sino desde los mismos albores de la fundación de nuestras repúblicas. Por serias evidencias de lo anterior, los gobiernos de Ecuador y Bolivia se retiraron de las negociaciones; recordamos que en mayo del 2008, el presidente de Bolivia, Evo Morales definió magistralmente las características del futuro acuerdo: “Queremos un comercio justo, los presidentes de la CAN no pueden privatizar los servicios básicos, patentar la biodiversidad o el saqueo de nuestros recursos. Vamos a mantenernos unidos y quiero pedirle a la Unión Europea que no nos divida”. Esta contundente apreciación del acuerdo, sustenta de manera sintética nuestra postura frente al acuerdo que intentamos analizar.
Ante esta situación, la UE lo replanteó como un Acuerdo Bilateral (Multipartes) con los gobiernos de Perú y Colombia, que como era de esperarse, estaban dispuestos a seguir entregando su soberanía y seguir la misma senda trazada con respecto a sus respectivos tratados bilaterales de libre comercio con U.S.A. Justamente Perú y Colombia, dos de los países de la región con altos índices de gravísimas violaciones a los derechos humanos y además, de modo fehaciente, con gobiernos claramente definidos contrarios a las políticas de integración del bloque latinoamericano. Este gesto, de seguir adelante con dos países del área andina sin atender las diferencias que planteaban otros países de la región con los vectores del Acuerdo, llevaba implícito el “mensaje a los países de la región, que para la UE el comercio es más importante que la negociación democrática y la integración regional.”.(3)
Al respecto del TLC UE-Colombia y Perú, existen serios estudios realizados por más de 200 organizaciones sociales de Latinoamérica y Europa. Nosotros basaremos nuestra postura, en el análisis derivado básicamente de los siguientes informes, entre otros: “Comercio a cualquier precio: No existen las condiciones para el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia” presentado por Oidhaco –Oficina Internacional de Derechos Humanos- Acción Colombia; y en “Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible” presentado a los Diputados del Parlamento Europeo en julio de 2011 por las siguientes organizaciones con sede en el continente europeo: Alop, Oidhaco, Aprodev, Cifca y Grupo Sur con el apoyo de Oxfam Solidarité.
Por razones de limitación de tiempo y recursos para la investigación, sólo nos referiremos a las implicaciones sobre el territorio y los pueblos de Colombia, aunque siempre citaremos al Perú, en primer lugar porque es un tratado de la UE con ambos países y en segundo lugar, porque son casi idénticas las características generales del desastre para los dos países, como lo será para el Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica (CA).

INTRODUCCIÓN


El tan cacareado término “desarrollo sostenible” está siendo seriamente amenazado y se verá mucho más, en el caso del TLC UE – Colombia y Perú, por múltiples razones entre las que destacan, entre otras: la profundización de la política de exportación de materias primas por parte de Colombia y Perú en contravía de una política de satisfacción de la demanda interna que favorezca la industrialización local y la creación de fuentes de trabajo; la explotación sin límite de los recursos naturales; la reducción de las políticas impositivas para la exportación; el acceso a los mercados por parte de los proveedores de servicios de la UE en igualdad de condiciones a los proveedores locales; la liberalización de los mercados financieros; el no respeto a la propiedad intelectual, desconociendo el origen de conocimientos ancestrales, patentes sobre plantas y recursos genéticos; la marcada ausencia de una política real de transferencia de tecnología, ya que no está definida claramente la responsabilidad de la UE en este punto (4); el desigual nivel de desarrollo tecnológico entre las partes y las políticas de subsidios que desnivelan la balanza de costes-beneficios para los productores y proveedores de los dos continentes. Todos estos aspectos, traerían como consecuencia la intensificación de los conflictos sociales dada la agudización de las desigualdades, el incremento de los desplazamientos y por ende, de la violación de los Derechos Humanos, la aceleración de la destrucción de la Biodiversidad y por supuesto, este tratado sólo beneficiaría a los grandes monopolios de la industria extractiva y las grandes corporaciones proveedoras de servicios, ampliando los índices de desigualdad en la tenencia de la tierra y el agotamiento de los recursos naturales, así como la pérdida de la seguridad alimentaria y la pauperización creciente para millones de campesinos colombianos y peruanos, así como el inevitable cierre de numerosas empresas de los sectores urbanos de la pequeña y mediana industria (PYMES) locales.

POSIBLES CONSECUENCIAS NEFASTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE; LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Monocultivos, deforestación, mega-minería y más violación de DDHH en Colombia

Uno de los “pilares reales” sobre los que se fundamenta este TLC es la explotación desaforada e indiscriminada de grandes extensiones de tierra con la siembra de monocultivos para la producción de agro-combustibles: caña de azúcar y palma africana, así como la explotación minera a cielo abierto con desastrosas consecuencias para el medio ambiente. Como sabemos, sólo para citar un ejemplo de los movimientos obreros y sociales de resistencia en Colombia, en los últimos años se han dado grandes batallas por parte de los trabajadores de los ingenios azucareros del Valle del Cauca (departamento situado al suroeste de Colombia) para rescatar sus derechos laborales, arrebatados por el establecimiento de la denominada “tercerización” a través de las mal llamadas “Cooperativas de Trabajo Asociado” que imponen condiciones de semiesclavitud a los corteros en las plantaciones, que soslaya la política de privilegios en subvenciones a los ingenios azucareros con incentivos para la producción de etanol -situación que está suficientemente documentada- lo que es sencillamente insultante en cuanto no sólo les incrementa su capacidad de acumulación de excedentes de capital, sino que parte significativa de las ganancias que debieran ser reconocidas a los trabajadores -dado que se supone que son “cooperativas”- se quedan en manos de los contratistas que ejercen la tercerización. Esta heroica lucha de los corteros de caña del Valle del Cauca en el año 2008, que produjo violencia y persecución a los líderes sociales y políticos, también logró acuerdos mínimos como el aumento salarial del 11.5%, incremento también logrado en el auxilio de transporte. En el aspecto de salud lograron concertar aumento de cobertura en las incapacidades (“bajas” en el lenguaje laboral español) logrando que les reconocieran dos (2) días de los tres (3) primeros de baja, que si bien parece una pírrica conquista, ha tenido como consecuencia que hayan “aumentado las solicitudes de atención médica por parte de los corteros, quienes antes, para no perder el pago de esos días de incapacidad, preferían trabajar enfermos. (5). Parece increíble que estos mínimos logros elementales en las prestaciones sociales de un trabajador se constituyan en grandes conquistas, pero era tal la situación de semiesclavitud -reiteramos- que acceder a estas “espurias concesiones” de parte de la patronal -aunque no significan pasos significativos de cualificación de la dignidad bajo las cuales debe estar un trabajador- sí representan en sí, para el movimiento sindical de los corteros un estímulo para no cejar en su búsqueda permanente para mejorar sus condiciones laborales. De todas maneras, estos tibios avances se pueden incluso eliminar si este tratado se firma porque ya sabemos que la tercerización es uno de los bichos inextirpables del nuevo orden laboral y seguramente querrán fortalecerlo cada día más. Igualmente, en el caso de la palma africana, los desplazamientos masivos en la zona de Curvaradó y Jiguamiandó (en el departamento del Chocó, al noroeste de Colombia) asentamientos centenarios de poblaciones afrodescendientes ha incrementado la persecución y muerte de muchos líderes sociales. Por lo demás, se calcula que se les ha expropiado más de 29.000 hectáreas, de las cuales, 7.000 están sembradas de palma africana. (6). Pero además, el peligro para la Biodiversidad es inminente porque implica la devastación de inmensas áreas boscosas, que de paso, igualmente beneficiarían a los monopolios de la industria maderera. Podríamos citar muchísimos ejemplos más, como el caso de los indígenas Embera Katíos desplazados por la represa Urrá en las sabanas del Caribe Colombiano, pero son centenares los casos y su estudio detenido desborda este texto, ya que éste sólo es un modesto análisis que tiene como objetivo central, recalcar el peligro de ahondar el conflicto social, político y armado que arrastra nuestro país por más de seis décadas, de aprobarse el tratado en cuestión.
De igual manera, la Biodiversidad también está siendo seriamente afectada actualmente por los megaproyectos mineros que envenenan los caudales hídricos por los componentes químicos utilizados. La dimensión de la importancia de este sector de la megaminería para el TLC EU- Colombia y Perú se puede conjeturar con tan sólo detenernos en la desproporcionada cifra de 40 millones de hectáreas destinadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para la explotación a gran escala de minería, petróleo e infraestructura; es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional está ya, en estado de concesión a las grandes corporaciones multinacionales de la industria minera, petrolera y de infraestructuras, mientras que sólo 4, 7 millones de hectáreas están destinadas a la agricultura para una población de 12 millones de campesinos. (7). Debemos observar, que la celeridad con que fue aprobado el PND por parte del Congreso Colombiano, con mayoría absoluta de la llamada “Unidad Nacional” que agrupa a todos los sectores políticos que apoyan el proyecto del presidente colombiano Juan Manuel Santos, evidenció sus claros propósitos –definidos con anterioridad- vinculados a la firma del TLC con la UE y U.S.A.
Este vertiginoso y demencial proceso de expolio contra Natura con todas sus consecuencias sociales de violencia y arrojo a la miseria de millones de colombianos, ha sido llevado a cabo durante los últimos 30 años, mediante la estrategia de desplazamiento forzado por fuerzas paramilitares, calculándose en 6.6 millones de hectáreas arrebatadas a las comunidades, según la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas vinculadas al Desplazamiento Forzado. Y en cuanto a la supuesta devolución de tierras, la cifra produce estupor, ya que sólo se han devuelto 1.500 hectáreas. (8). Es necesario recalcar que el aprovechamiento de estas tierras violentamente despojadas a los campesinos ha sido para el desarrollo de grandes megaproyectos que de aprobarse el TLC UE-Colombia y Perú, constituiría una gran irresponsabilidad histórica por parte de las empresas europeas –y por supuesto de sus altos dirigentes estatales, que son sus emisarios- al legitimar en el futuro inmediato con la aplicación del acuerdo, la usurpación por vía de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y desplazamiento forzado a los campesinos colombianos, para continuar sin escrúpulos, beneficiándose de dicha política de expolio por encima de cualquier consideración ética, humanística y bio-céntrica. Por tanto, es imperativo, que el Tratado de Libre Comercio UE-Colombia y Perú, así como el Acuerdo de Asociación con Centroamérica –que básicamente tienen las mismas implicaciones y consecuencias- no sean ratificados por el Parlamento Europeo ni avalados por ninguna institución europea, porque contradicen el espíritu del Tratado de Lisboa, que dice que la UE “contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho Internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.” (9).
Sería una oportunidad histórica para que los poderes políticos del Continente que alumbró el desarrollo del librepensamiento mediante el desarrollo del Conocimiento -Ciencia, Arte, Tecnología- que sustentan el movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial -las revoluciones burguesas- y el Marxismo como ciencia histórica y social, reivindiquen sus raíces.

MAYOR EMPOBRECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO Y LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS
Asimetrías en el acceso al mercado de bienes y servicios básicos; liberalización financiera; impacto en las políticas sociales por la restricción de los impuestos a la exportación.

Enumeradas las anteriores razones que evidencian la catástrofe -que sobrevendría encima de la ya crítica situación de nuestros países- de aprobarse el TLC EU-Colombia y Perú, resumiremos nuestra posición frente a otras consecuencias no menos nefastas para la economía de Latinoamérica –que no sólo para Colombia y Perú- que aunque aparentemente menos lesivas para el futuro del Planeta Tierra y la Humanidad, son de hecho, factores decisivos para la “vuelta de tuerca” que el deshumanizado sistema neocapitalista o como quiera llamársele pretende dar para consumar –en su irremediable autismo anti-Especie, anti-Vida, anti-Planeta- su propia aniquilación.
En cuanto a las políticas impositivas del libre comercio y la liberalización financiera que impactará ineludiblemente las políticas sociales a través de la disminución de los recaudos fiscales por las exenciones tributarias a la exportación, podemos decir paralelamente, que el acceso sin restricciones en igualdad de condiciones a los productores y proveedores locales por los productores y proveedores europeos a los mercados de bienes de los países latinoamericanos, comporta una serie de desbalances fundados en la evidente asimetría de las condiciones tecnológicas y las políticas de subvención de los procesos productivos entre las dos regiones. Pero no es sólo eso, son también las políticas impositivas para los exportadores locales que en el caso de la economía colombiana y peruana, constituyen un rubro importante para la inversión social a través de los incentivos para el desarrollo del sector industrial con la consecuente creación de puestos de trabajo. Y además, en el caso de la contratación pública en igualdad de condiciones para nacionales y extranjeros también se menoscaba la posibilidad del desarrollo nacional. Al respecto, el estudio “Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible” cita muy acertadamente a Joseph Stiglitz: “Las políticas sobre contratación pública desempeñan importantes roles económicos y sociales en los países en desarrollo, que podrían verse menoscabados si se exigiera a los gobiernos observar el principio de trato nacional. El nivel de gastos y el intento por destinar los gastos a los productores locales es un instrumento macroeconómico fundamental, en particular, durante las recesiones, para contrarrestar la contracción económica. Además, las políticas sobre contratación pública pueden utilizarse para estimular las industrias nacionales o para alentar el desarrollo en sectores específicos de interés nacional. También podrían fomentarse objetivos sociales mediante la concesión de preferencias a grupos o a comunidades específicas, en particular, a aquellos con nivel económico bajo”. (10).
Tengamos en cuenta otro caso de uno de los sectores productivos del campo colombiano que más seriamente se verá afectado: el de los lácteos. Sería tan desigual la competencia, que la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) uno de los gremios consentidos del gobierno colombiano, elevó su rotunda voz de protesta ante el mismo y fueron respaldados por amplias movilizaciones sociales. Se estima que más de 400.000 productores se arruinarían con las políticas del libre comercio, ya que no podrían competir en los mercados europeos si se tiene en cuenta los altos subsidios para este sector en el continente europeo, poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria de casi dos millones de personas dependientes directos de la producción de lácteos. Si eso lo dicen los ganaderos, vaya a saber lo que sucederá con los pequeños horticultores.
Por último, en cuanto a la liberalización financiera –ejercicio sistemático de la especulación virtual que ha provocado una de las peores crisis del capitalismo en su historia- contraviniendo las medidas que hoy día han determinado restricciones a las políticas financieras en los Estados europeos ante las múltiples crisis: financiera; energética; alimentaria pareciera que éstas no afectaran las posibles inversiones de capitales extranjeros en nuestros países (11). La no restricción de inversiones; de posibilidades crediticias; la exención de impuestos a la exportación; la no restricción a la fuga de capitales; la no obligación a la reinversión social en los territorios donde usufructúan grandes rendimientos son señales evidentes de que lo que es norma para ciertas regiones es todo lo contrario cuando de lo que se trata es del máximo aprovechamiento de los recursos naturales y de las expectativas especulativas que pueden alimentar la inversión de capitales del primer mundo en tierras generosas con gendarmes sumisos.

Sector energético

No podemos terminar esta aproximación a este “Tratado” (estafa colosal) sin dedicar algunas someras impresiones a lo que significaría (ahondaría) en términos lesivos para el sector energético de nuestro país y las gentes que pueblan las regiones ricas en hidrocarburos, gas natural y carbón.
Ya sabemos que el gas natural está en manos de Unión Fenosa; así mismo sabemos de la maquinaria de la muerte impuesta por Repsol en zonas de exploración y explotación petrolífera y también podemos mostrar el poder de destrucción del medio ambiente de Endesa, que adelanta las obras de la represa del Quimbo, por sólo citar algunos casos sobresalientes del ejercicio depredador de tres multinacionales españolas en territorio colombiano. Sin contar la explotación del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en la península de la Guajira, explotada por las multinacionales Drummond Company y Glencore, ambas con capital de origen norteamericano aunque Glencore tiene su sede principal en el paraíso fiscal suizo. Por último, de seguir adelante las conversaciones para este Tratado, es necesario que como un mínimo de garantías se le otorgue el carácter de Tratado Mixto, ya que ello le permitiría a los Parlamentos de las partes controlar la aprobación y gestión; de lo contrario sería un acuerdo meramente comercial sin injerencia de los Estados y por tanto, sin ninguna clase de control por parte de los pueblos que son representados por sus parlamentos.

CONCLUSIÓN
Por una Cultura de la Vida ante el ejercicio y la práctica sistemática del discurso de la Muerte

Lo vamos a decir de una buena vez: las argucias financieras, basadas en la especulación –capitales irreales, valores de cambio sin otro peso más que en la virtualidad- que sustentan el falso andamiaje del agonizante capitalismo salvaje, así como todos los intentos de someternos mediante tratados leoninos que lesionan nuestra soberanía, nuestra cohesión social continental, nuestras tradiciones, nuestra Sagrada Pachamama, son totalmente contrarias al espíritu que persiguen nuestros ideales latinoamericanos de integración y de propuestas reales de un Conocimiento, de una Ciencia, de un Arte, de una voluntad armónica de convivencia entre todos los pueblos del Planeta, de un Desarrollo Económico basado en una Cultura por la Vida ante el Ecosistema y todos sus seres vivos. Nuestra América Mestiza, como la llamó nuestro maestro José Martí, no está dispuesta a transigir con ello, ni con todo lo que comporta ese espíritu depredador: la devastación del Planeta, la estafa social, la explotación del hombre por el hombre; no estamos dispuestos a pactar, a ser cómplices de la injusticia; no abdicaremos ante ninguno de sus múltiples rostros.
Hoy por hoy Caliban, el mito de la resistencia cultural de Nuestra América Mestiza, tan certeramente caracterizado en la prosa sabia del poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar, alumno aventajado de Martí, se eleva en este momento histórico como el referente a seguir por los pueblos que construyen esa Nueva Latinoamérica Unida, solidaria y coherente frente a un orden mundial oneroso y excluyente que no puede ser el único paradigma a seguir. Porque de hecho, hace rato que estamos construyendo nuestro propio destino no sólo para nuestros pueblos, sino para el resto de todos los seres vivos del Planeta Azul.

NOTAS:

1. Véase: Comercio a cualquier precio: No existen las condiciones para el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. OIDHACO. Pág.4.
2. Véase: Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible. ALOP, OIDHACO, APRODEV, CIFCA, GRUPO SUR. Pág.3.
3. Véase: Comercio a cualquier precio: No existen las condiciones para el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. OIDHACO. Pág.4.
4. Véase: Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible. ALOP, OIDHACO, APRODEV, CIFCA, GRUPO SUR. Pág.11.
5. Véase: Escuela Nacional Sindical (ENS) (web) Balance del paro de los corteros, un año después. http://www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-co-09-30,htm
6. Véase: Comercio a cualquier precio: No existen las condiciones para el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. OIDHACO. Pág.7.
7. IBIDEM . Pág.8.
8. IBIDEM. Pág.8.
9. IBIDEM. Pág.4.
10. Véase: Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible. ALOP,OIDHACO,APRODEV, CIFCA, GRUPO SUR. Pág.9.
11. IBIDEM. Pág.11.




Deixa un comentari






  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.